En plena crisis económica, en mitad de las dificultades de muchas familias para pagar su hipoteca, y de otras abocadas al desahucio, la OCU nos contó que notarios y registradores nos cobraban de más. Semanas después el Gobierno aprobó un decreto con los nuevos aranceles que podían aplicar los unos y los otros.

Desde el pasado 14 de noviembre, fecha en que el nuevo real decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros, existen precios concretos que notarios y registradores no pueden superar.

Para los notarios, el precio es de 30,05 euros por el trámite de la cancelación de la hipoteca, más 5 euros que cuesta cada folio de la escritura. Sin embargo, la nueva norma les prohíbe percibir más dinero a partir de la quinta hoja. Por lo tanto, un notario no podrá cobrarnos por más de 55,05 euros.

En el caso del registrador no serán más de 24,04 euros, que es en lo que queda fijado el precio por la cancelación del préstamo en el Registro de la Propiedad (si la hipoteca se ha abonado íntegramente a ese precio no se le puede añadir cantidad alguna).

Notarios y registradores no pueden cobrarnos más. Hasta ahora los notarios añadían todo tipo de gastos (24 euros por un certificado de cargas, 18 por diligencia en el catastro o 30 por un fax al registro); e igual hacían los registradores (9 por una nota informativa o 24 por un cambio del titular del piso). Todo eso, indica la ley, ya no podrán hacerlo.

Y esto lo hacían pese a que las tarifas de las que hablamos ya estaban vigentes desde 2007. Han sido cuatro años en los que notarios y registradores han seguido cobrando de más a todos los hipotecados.

De hecho, la OCU carga las tintas en este aspecto. Asegura esta organización que el real decreto "no puede servir para exonerar la responsabilidad de las actuaciones de aquellos notarios y registradores que han cobrado en exceso a los consumidores en las cancelaciones hipotecarias y que entendemos deberían devolver de oficio el excedente cobrado".

El caso sigue siendo investigado por la fiscalía, que ha abierto un expediente del que se tienen que depurar las responsabilidades por los cobros indebidos a los consumidores.

Los notarios no asumen responsabilidad alguna. Una vez aprobado, el presidente de los notarios españoles, Manuel López Pardiñas, aseguró que el nuevo decreto ofrece "serias dudas interpretativas".

"Entendemos que no existe ningún motivo para interpelar o cuestionar de la forma tan severa como se ha hecho la actuación de los notarios", se defendió Pardiñas. El presidente de los notarios añadió que respetarán siempre "los pronunciamientos que puedan provenir de los tribunales respecto si procede la devolución de cantidades por parte de algún notario".

Tras cuatro años cobrando de más, en su último congreso (este mes, en Alicante), los notarios han pedido una mayor regulación en el mercado hipotecario y de la vivienda para reforzar la protección al consumidor.