Los abogados del turno de oficio han atendido durante 2011 y hasta noviembre de este año un total de 22.224 asuntos, la mayoría de los cuales -13.771- corresponden a procedimientos penales, 6.039 a expedientes civiles -principalmente relacionados con ejecuciones hipotecarias y reclamaciones de cantidad-, 1.191 en materia de menores, 307 de extranjería, 669 laborales y un total de 165 del ámbito contencioso-administrativo.

Así lo ha señalado en rueda de prensa una de las dos responsables de la Comisión del Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Baleares (Icaib), Carmen López, quien ha apuntado que estas cifras suponen un incremento del 6 por ciento respecto a 2011 así como un aumento del 30 por ciento en los últimos tres años. Asimismo, se traducen en una media de 70 expedientes diarios y más de 2.100 cada mes.

En concreto, los asuntos de civil son los que más han crecido en tres años, en un 71 por ciento, principalmente en lo que se refiere a las reclamaciones de cantidad y a las ejecuciones hipotecarias. López ha especificado que un total de 620 abogados de las islas están inscritos en el turno de oficio, cerca del 25 por ciento de los letrados ejercientes en el archipiélago.

Asimismo, López ha destacado el incremento del número de desahucios con motivo de la crisis la influencia del factor de la insularidad y ha manifestado que el número de asistencias de orientación jurídica son más elevados en Baleares debido a que tienen que "triplicar el servicio".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica del Colegio General de la Abogacía Española, Luis F. Nieto, ha destacado el papel que juega la justicia gratuita principalmente en el contexto de la actual crisis económica, al aseverar que garantiza su derecho a la defensa a las personas con menos recursos económicos. "Sin este derecho, el resto de derechos quedan en papel mojado", ha manifestado.

En su intervención ante los medios, Nieto ha destacado que los abogados del turno de oficio son "libres e independientes" y "no cambian de toga cuando tienen que defender a un cliente que tiene más o menos recursos económicos". Además, se trata de profesionales con una "elevada formación y experiencia" (de al menos tres años), y tienen una medida de 41 años de edad. "Trabajan en todas las demarcaciones del país y en todas las jurisdicciones", ha añadido.