La Comisión Europea ha dado un ultimátum a España para que acabe con la discriminación de los trabajadores extranjeros comunitarios en el acceso al empleo en el sector público.

El problema no afecta únicamente a los ciudadanos extranjeros sino también a los españoles que han trabajado en otros Estados miembros de la Unión Europea (UE).

En concreto, Bruselas exige que, a la hora de contratar y al determinar las condiciones de trabajo (salario, grado o perspectivas de carrera) se compute la experiencia previa en otros Estados miembros.

El caso se refiere a las disposiciones discriminatorias vigentes en varias comunidades autónomas, como Andalucía, Galicia o Madrid, y a su aplicación en particular a profesores y profesionales sanitarios.

El ultimátum se presenta en forma de dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si en el plazo de dos meses las autoridades españolas no han corregido los problemas detectados, la Comisión podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo.

España deberá probar en un periodo máximo de dos meses a la CE que a la hora de determinar las condiciones de trabajo de los funcionarios (tales como el salario o el grado), "tiene en cuenta los períodos comparables trabajados previamente en otros Estados miembros", ha informado la CE.