Día clave para el futuro del edificio situado en los números 2-4 de la calle Almagro de Barcelona. Emblema de la lucha del 15-M a favor de la vivienda digna y en contra de la burbuja inmobiliaria, siete de sus ocupantes declaran este viernes como imputados ante el titular del Juzgado de Instrucción nº6. Hablarán ellos y la financiera Cajamar, propietaria del inmueble.Tras los testimonios, el juez ordenará o no el desalojo del bloque.

Ante esta situación, 22 entidades sociales y vecinales, entre ellas la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y los sindicatos Catac, Ustec, CGT y CNT, han enviado una carta al magistrado. Le piden que no eche a los actuales inquilinos y que "interprete" la ley "de acuerdo con el contexto de crisis económica".

Los firmantes aseguran que la ocupación del inmueble, conocido como el Edificio del 15-O, porque se ocupó el 15 de octubre tras una manifestación de indignados, "se ha convertido en una práctica más que legítima" que "cobra todo su sentido" porque llevaba cinco años vacío. La carta recuerda que cada día se producen en Cataluña 22 desahucios, la mayoría en Barcelona. Además, citan datos del Instituto Catalán del Suelo de la Generalitat, según los cuales existen 3.246 pisos de protección oficial vacíos en Cataluña y45.000 familias inscritas en el registro catalán de vivienda protegida.

En el Edificio15-O viven unas siete familias. No tienen agua corriente, dicen que pronto dispondrán de ella, pero sí luz. Los vecinos les han cedido los muebles. Es el caso de Juan Miguel, de 31 años, que está en un piso de tres habitaciones con su mujer, embarazada de seis meses, y sus otros dos hijos, de 16 y de 14 años. Tras quedarse en paro, los echaron de casa porque no podían pagar el alquiler. "Un sobrino de mi mujer nos acogió durante un año. Dormíamos en el suelo", recordaba este jueves.

Félix, otro de los habitantes del bloque, reconocía que han actuado "mal", pero se justificaba: "Las circunstancias nos obligan".También lamentó el "poco caso" que le habían hecho los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona. Mientras, el Consistorio aseguró que había ofrecido ayuda a las familias desahuciadas, pero que no les habían "permitido acceder" a ellas.

Por otra parte, el jefe de Relaciones con la Administración de Justicia de los Mossos, Joan Mallafré, ha cesado un mes después de la detención de seis indignados en el bar de la Ciudad de la Justicia.