La Asociación Andaluza de Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones (Faite) ha concluido una campaña para frenar la ocupación ilegal en el sector bajo el lema 'Yo voy de legar, ¿y tu?', apoyada por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Facua y los servicios de Prevención Asepeyo. En este sentido, pronostica "un panorama de asfixia económico financiera y de colapso de las empresas del sector si la Administración andaluza no incentiva y dinamiza el consumo y no comienza a frenar la actividad fraudulenta".

Según ha informado en una nota, Faitel dispone de una lista de 250 nombres cuya actividad fraudulenta ha sido identificada, según el director de la Asociación, José Manuel Muñiz, y, añade, están a disposición de los servicios de inspección de las administraciones para que investiguen cada caso.

Asimismo, los empresarios del sector han interpuesto solo el pasado año más de un centenar de denuncias, en la que muestran sus quejas "tanto en la escasa reducción de la actividad fraudulenta como de la falta de información tras registrar la correspondiente denuncia".

Según Muñiz, "no sabemos qué ocurre cuando registramos el expediente, si prospera, si lo archivan o si acaban sancionando al trabajador ilegal". A juicio de Faitel, en el próximo semestre "podrían cerrar otras 500 empresas y perderse entre 15 y 25.000 empleos a causa de la situación de precariedad que vive en la demanda desde hace un año".

La facturación ha descendido hasta un 80 por ciento en el último año, especialmente en las empresas que han trabajado para la Administración pública. En las entidades que tienen centrada su actividad en el sector doméstico, el descenso es del 65 por ciento de media. En aquéllas cuya actividad se centra en la demanda de las Pymes, la rebaja es del 60 por ciento de media. "Todos estos descensos están fundamentados en el corte taxativo que se ha producido en la inversión de cada uno de ellos en los elementos de comunicaciones, ámbito en el que destaca la Administración pública", explica.

La Asociación Andaluza de Instaladores de Telecomunicaciones pide a las administración la puesta en marcha de medidas e iniciativas que incentiven el consumo. "Es la única manera de reactivar la demanda", asegura. "No es necesario que pongan dinero sino que tomen medidas para eliminar trabas a la hora de abordar inversiones", ha concretado.

El sector tenía a finales de 2010 inscritas en el Registro Oficial del Ministerio de Industria un total de 1.750 empresas establecidas en el territorio andaluz. Transcurrido el primer semestre de 2011, 460 de estas entidades han tenido que cerrar sus puertas, tanto aquéllas que reparan en domicilios particulares y comunidades de vecinos como otras que sólo trabajan con empresas, según datos de la organización empresarial que aglutina al sector en Andalucía, la Asociación Andaluza de Instaladores de Telecomunicaciones (Faitel). 20.000 EMPLEOS

El cierre de estas empresas ha provocado más paro. El sector arroja en Andalucía cifras negativas que suman unas pérdidas netas de empleo desde 2009 cercanas a los 20.000 empleos. "Para que todos nos hagamos una idea, esta pérdida significa en términos reales lo mismo que si hubiésemos destruido completamente la industria aeronáutica andaluza y parte de sus empresas auxiliares", lamenta.

Estas cifras han desatado la puesta en marcha de una campaña contra los instaladores ilegales de telecomunicaciones, los llamados "antenistas" que, bajo el lema, 'Yo voy de legal ¿Y tú?', que arrancó el pasado 3 de octubre y se ha prolongado hasta este sábado.

La campaña, promovida por Faitel, ha contado con el apoyo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Facua y Asepeyo, en representación de la Sociedad de Prevención Asepeyo.

El director de Faitel aclara que la totalidad de los llamados "antenistas" no cumplen ninguno de los requisitos exigidos por la ley. "Ni tienen cualificación ni estudios para abordar las averías, sobre todo porque no tienen los medios para repararla; y, además si ocurre algo, las empresas autorizadas tienen un seguro de responsabilidad civil subsidiaria de 300.000 euros para cubrir daños a los propietarios y a terceros".

Faitel pide a la administración una reunión "urgente" a fin de coordinar esfuerzos para frenar la economía sumergida en el sector. A juicio de José Manuel Muñiz "aquellos que tienen la facultad y el deber tendrían que extremar los controles sobre estos ilegales que tanto daño están haciendo a las Pymes".