Pocas horas después de que una familia es desahuciada, un grupo de personas ocupa su vivienda tan solo dando un puntapié en la puerta y entrando para quedarse a vivir. Se trata de una auténtica red organizada, como denuncia el Ayuntamiento de Badalona, uno de los municipios donde se están acumulando casos de ocupación con este modus operandi.

Las ejecuciones hipotecarias están al orden del día y, conocedores de esta situación, grupos de personas organizados, ocupan los inmuebles unas horas después de que las familias que vivían allí se hayan tenido que marchar por requerimiento judicial.

"Tenemos informaciones policiales, judiciales y de los vecinos que confirman que hay una auténtica red que tiene esta forma de actuar", indicaba este jueves a 20 minutos el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. La mayoría de estos pisos están ubicados en el barrio de la Salut, en Sant Roc y en Llefià, y son propiedad de Adigsa o bien de entidades bancarias.

Los ocupas actúan como una verdadera red, con precisión y de forma extremadamente veloz. "Alguien les pasa la información" de qué pisos quedan vacíos, apuntaba este jueves el alcalde de Badalona.

Según García Albiol, el gran problema lo tienen los vecinos que sufren las consecuencias de una sobreocupación de los pisos. "Generan problemas de convivencia exagerados", aseveraba este jueves el alcalde, que ha hecho un llamamiento porara que los vecinos se quejen y den a conocer a la Guardia Urbana del municipio que hay un piso ocupado ilegalmente para intervenir.

La ocupación de pisos afectados por una ejecución hipotecaria va en aumento, según ha comprobado el Consistorio de Badalona. Por eso es por lo que Albiol ha iniciado conversaciones con las entidades bancarias con el objetivo de evitar que los inmuebles estén vacíos.

"Tiene más lógica no echar fuera a una persona que no puede pagar, que permitir que se vayan a vivir allí individuos a golpe de puntapié", opinó Albiol, quien advirtió que, como alcalde, tiene la potestad de sancionar a los propietarios que permitan la sobreocupación con multas de hasta 500.000 euros, en una clara advertencia a los bancos.