La Generalitat de Cataluña ha puesto en los últimos cinco años más de 300 multas a empresas y establecimientos de la comunidad por no incluir el catalán en sus rótulos y comunicaciones comerciales.
CiU ha mantenido a lo largo de este 2011 un ritmo sancionador similar al que imprimía el tripartito, ya que en los seis primeros meses del año se han puesto 53 multas, la mitad de las que se pusieron en 2010 (98), el último ejercicio de la coalición formada por PSC, ERC e ICV-EUiA.
Las denuncias fueron interpuestas por 24 particulares y 7 entidadesDurante este año, el total de las sanciones interpuestas ha ascendido a 39.400 euros, aunque el Govern admite que por ahora ha cobrado 14.700 euros, según ha revelado el conseller de Empresa y Empleo, Francesc Xavier Mena, en respuesta a una pregunta parlamentaria por escrito del diputado del PP Jordi Cornet.
El conseller detalla que las multas son por "infracción de vulneración de los derechos lingüísticos, dentro de la cual se incluye la de no rotular en catalán".
Mena pormenoriza que del total de multas, 15 se han puesto a comercios minoristas, 13 a compañías de "servicios diversos" y 10 más a empresas del sector de la telefonía.
Se ha puesto una multa a una compañía del sector de la alimentación, dos más a inmobiliarias, una al sector de la hostelería, dos son informáticas, tres se dedican a la rehabilitación de viviendas, una más al textil y calzado, dos más a los transportes y otras tres a productores y mayoristas.
Según los datos de la Generalitat, en todo 2010 el Govern puso 98 multas a establecimientos comerciales por este motivo, en 2009, 67; en 2008, 53 y en 2007 un total de 50.
En total, en los seis primeros meses de 2011, el Govern ha abierto 502 requerimientos en la ciudad de Barcelona, y del total de expedientes, con fecha 31 de agosto había 31 que estaban pendientes de resolverse. El Govern también indica que del total de las denuncias, 24 las han hecho particulares y siete, entidades.
Nueva normativa
El pasado año el Parlament aprobó el Código de Consumo, una nueva normativa que fija el pago de sanciones si no se rotulan al menos en catalán facturas, folletos, contratos e instrucciones, entre otros documentos.
Se prevén multas de hasta 10.000 euros y también indica que los comerciantes deben responder en catalán a los consumidores que se les dirijan en este idioma.
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