La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, ha explicado en comisión parlamentaria que la Junta ha destinado a la rehabilitación de las viviendas que forman parte del parque público 350 millones en los últimos diez años y ha resaltado que en los dos últimos años se ha formalizado la enajenación de 1.490 viviendas en toda Andalucía.

La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, ha puesto de manifiesto en comisión parlamentaria que la intervención de la Administración autonómica en el parque público de viviendas "no se limita a una mera gestión administrativa, ni a trabajos de mantenimiento y conservación de las viviendas", sino que se realiza un trabajo de "integración social y ciudadana de los vecinos que residen en estas promociones con el fin de que se aproximen a los estándares socioeconómicos de otras barriadas de la misma ciudad".

En su intervención, Cruz Villalón no sólo se ha referido al modelo de gestión, también ha abordado las labores de mantenimiento de esta bolsa residencial y su actual configuración. En ese sentido, la Consejería ha destinado a las actuaciones de conservación y reparación del patrimonio residencial autonómico en los últimos diez años un montante de 350 millones de euros. Ha precisado que los ingresos procedentes de las rentas de alquiler como de las ventas de los inmuebles se destinan a esta intervención residencial y a otras de carácter social como la eliminación de la infravivienda.

La consejera explicó que la comunidad recibió de transferencias estatales en la década de los 80 un patrimonio residencial público de 143.183 inmuebles radicados en barriadas "que se han ido creando a lo largo de la historia urbana de nuestras ciudades", aunque en la actualidad esa cifra se reduce a 78.492 viviendas de 2.914 promociones, debido a las sucesivas campañas promovidas por la Consejería para lograr la trasmisión de la titularidad de las viviendas a los inquilinos, a través de diferentes fórmulas.

Asimismo, la Consejería ha promovido la amortización anticipada de las cantidades aplazadas del precio de las viviendas cedidas en régimen de acceso diferido a la propiedad, incluso la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) ha promovido un Plan Especial de Venta 2010-2011 para facilitar el acceso en propiedad, con condiciones especiales y a través de firmas de convenios con entidades financieras, a aquellos inquilinos que así lo solicitan, instrumento mediante el que ya se ha formalizado la enajenación de 1.490 casas en toda Andalucía.

La titular de Obras Públicas ha asegurado que el patrimonio residencial de viviendas sociales en Andalucía se caracteriza por su "heterogeneidad" si se atiende al origen de las promociones, a la Administración u órgano responsable de su gestión, a su régimen de tenencia y las características físicas y el grado de conservación de los inmuebles.

Por ese motivo, la Consejería está unificando de forma "progresiva" la gestión, a través de la transferencia de la titularidad de esta bolsa residencial a la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) con el fin de "acabar con esta complejidad y aplicar criterios más ágiles, uniformes y empresariales" y con vistas a "unificar en EPSA la atención a vecinos, conservación y mantenimiento y política de enajenación de las mismas".

Al respecto, Cruz Villalón ha añadido que se ha diseñado "un nuevo modelo de gestión integral que pretende avanzar en la cohesión e integración social de estas barriadas, impulsando una rehabilitación no sólo física sino también social y ciudadana, sustentada en la corresponsabilidad de los vecinos, la cooperación con la Administración local, el desarrollo coordinado con otras políticas transversales y la presencia de intermediarios sociales".

60%

De viviendas regularizadas

En su intervención, ha asegurado que el desarrollo de este modelo se sustenta en dos medidas concretadas en la normalización del sistema de tenencia y en la reducción de la morosidad. En la actualidad, la Consejería ya ha regularizado algo más del 60 por ciento de la titularidad de las viviendas, contando con el apoyo de las administraciones y de los intermediadores sociales. Con esta medida se ha podido recuperar 11.300 viviendas en la última década para destinarlas al alojamiento de otras tantas familias, cuya selección se ha hecho en coordinación con los respectivos ayuntamientos y se ha sustentado en informes socioeconómicos.

Por otro lado, la titular de Obras Públicas ha puntualizado que el cobro de los alquileres "se sitúa en torno a un 70 por ciento de recaudación, cuando la media del último decenio era del 52 por ciento".

Cruz Villalón ha recordado que en la percepción de las rentas se aplica "una política flexible con el fin de que las familias puedan hacer frente a los pagos, para lo cual se tienen en cuenta las condiciones socioeconómicas e incluso se contempla una minoración de las rentas de acuerdo con los límites que establece la Ley de Vivienda". Ha indicado que las cuantías de los alquileres oscilan entre los 25 y los 60 euros mensuales.

Cobro del ibi

La consejera Cruz Villalón también se ha referido a la repercusión del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que desde 2010 se está aplicando a los inquilinos que residen en este parque público, aclarando que a estos vecinos "no se les está transfiriendo aquellas facturas que no han sido abonadas por la Junta de Andalucía". En ese sentido, ha explicado que previamente a esa fecha la Consejería "ha pagado una elevada cantidad por este concepto y sin embargo no se ha reclamado a los residentes".

Además, ha añadido que, "al igual que la Junta mantiene un compromiso con el mantenimiento de estas barriadas, también se le ha solicitado a los ayuntamientos que realicen un esfuerzo aplicando una reducción en los importes a pagar por este concepto de hasta el 90 por ciento". Incluso, ha matizado que en los consistorios en los que se ha alcanzado una regularización del pago de IBI "se está llegando a acuerdos con ellos para establecer un sistema de compensaciones".

Cruz Villalón ha subrayado que la Consejería de Obras Públicas ha pedido al Ministerio de Hacienda una revisión de las valoraciones catastrales "para poder repercutir los importes de IBI correctamente, ya que se están dando casos en los que las cuantías son elevadas debido a que se calculan en relación a las barriadas en las que se ubican las viviendas sociales y no tomando como referencia los grupos de promociones a los que pertenecen".

"Aquí no hacemos demagogia sino política, tratando de recuperar física y socialmente estas barriadas", ha aseverado.

Críticas del pp

Por su parte, la diputada del PP Alicia Martínez lamenta que la Junta "no ha hecho nada por este parque de viviendas" y ha lamentado que el Gobierno andaluz "ha intentado hacer distintas actuaciones de forma voluntariosa pero poco rigurosa".

Considera que en estos "se está produciendo un auténtico caos y desconcierto y en 30 años no ha habido una política clara de seguimiento de estas viviendas, sino de abandono".

Martínez ha sido especialmente crítica por la decisión sobre el pago del IBI, por lo que ha pedido que "recorte y dé marcha atrás en ese cobro impuesto a los vecinos, que es una auténtica subida de impuestos, medida recaudatoria que además está fatal hecho, pues los vecinos están recibiendo cartas para que paguen hasta 1.000 euros de IBI y la decisión se ha tomado con una falta de transparencia absoluta".

"Hay una grave desorganización en esta gestión, pese a que el parque sea heterogéneo, y complejísimo, pero no exime de responsabilidad de la Junta durante 30 años del mantenimiento de este parque público de viviendas", ha aseverado Martínez.