El portavoz de CiU en el Congreso y candidato a las elecciones generales, Josep Antoni Duran Lleida, se ha comprometido este miércoles a revisar al alza las pensiones más bajas y que las no contributivas lleguen a ser "dignas".

Tras reunirse con la presidenta de la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, Àngels Guiteras, ha recogido así algunas de las 25 propuestas que la entidad presentó esta semana con motivo del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza y ante la cercanía de las elecciones generales.

Aunque Duran no ha concretado ninguna cifra, sí que ha apostado por la modificación y actualización de las pensiones no contributivas como respuesta a las personas que no tienen ningún ingreso, y que por esta vía se canalizara también el cobro de una renta mínima garantizada (que actualmente es de 600 euros).

"Debe haber una renta mínima digna de las personas que están en la cuneta y excluidas", ha sostenido el candidato de CiU, quien ha abogado así por que la RMI se incluya dentro del apartado de las pensiones no contributivas. Respecto a las pensiones más bajas, Duran ha prometido que buscará soluciones para el colectivo de personas mayores que cobran esta renta y han contribuido con sus ahorros a ayudar a sus hijos o nietos en plena crisis.

Por ello, ha asumido el compromiso de revisar las pensiones más bajas, tal y como reclama el documento de la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña. También ha presentado sus propuestas en materia de vivienda y dación en pago, aunque ha avisado de que no las pueden aplicar con efectos retroactivos.

Así, propone que los contratos con cláusulas abusivas pueda conllevar la suspensión de la ejecución hipotecaria; favorecer la dación en pago con medidas fiscales que beneficien a ambas partes; fomentar la mediación e implementar la posibilidad de un alquiler sustitutivo; que la dación en pago se aplique ante causas sobrevenidas como la pérdida del puesto de trabajo, y legislar figuras preventivas en pro de una deuda responsable.

Duran también ha planteado que cada comunidad pueda gestionar el 0,7% del IRPF destinado a interés social o medioambiental, y que la espera de que esto sea una realidad, que este dinero se reparta en función del peso de población de cada autonomía. Además, ha instado a combatir la economía sumergida y ha recordado el impuesto sobre las grandes fortunas que quieren aplicar para que rentas y patrimonios que no pagan actualmente tengan que tributar.