La portavoz de Vivienda de Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Alicia Martínez, ha acusado este martes a la Junta de Andalucía de estar dando "palos de ciego" en política de vivienda, al mismo tiempo que ha indicado que el Plan Concertado de Vivienda y Suelo, que es "la herramienta que establece los objetivos y los medios, ha quedado vacío ante los anuncios de Griñan de rebajar los objetivos a la mitad".

"Primero fue la imposición a los ayuntamientos de elaborar los registros de demandantes, una herramienta costosa, farragosa e ineficaz; luego fueron los planes de vivienda municipales, sin transferencia de recursos a los ayuntamientos; luego la Junta trasladó a los ayuntamientos la calificación de las viviendas protegidas, lo que ha supuesto la paralización de los expedientes ante la falta de medios; y ahora la Junta anuncia que va a pedir un préstamo al ICO", se ha lamentado en una nota.

Martínez ha recordado que la Junta "lleva dos años sin programa de rehabilitación autonómica y ha suprimido las ayudas a la entrada a la compra de vivienda y también las ayudas al alquiler".

"Ante tanto recorte, ante tal desmantelamiento de la política de vivienda y de parálisis del sector de la construcción, la Junta pretende ahora vendernos una actuación financiera, cuando en realidad desde el discurso de investidura del presidente Griñán, se prometió un nuevo Plan Financiero de Apoyo a la Vivienda Protegida y, aún hoy, seguimos esperando. No queda rastro del convenio firmado con las cajas para el Plan Concertado, hasta el punto que es necesario acudir al ICO", ha explicado.

En este sentido, ha aseverado que el anuncio de la Junta de Andalucía "responde a años de incumplimientos en el Programa de Rehabilitación singular de edificios" y ha explicado que se trata de proyectos elaborados "en muchos casos por la propia EPSA y que, aunque están los convenios firmados para iniciar las obras, llevan esperando el sueño de los justos".

Martínez ha incidido en que la Junta de Andalucía ha recortado los programas de arquitectura y vivienda en el año 2011 en un 65 por ciento, pasando de 311 millones de euros a 107, y ha afirmado que los objetivos concretos que se reflejaban en el presupuesto eran "claros, la rehabilitación singular bajaba de 5.000 a 200 viviendas como objetivos".

Asimismo, ha aseverado que el crédito que la Junta pide ahora al ICO responde a "la falta de presupuesto" para abordar los compromisos fijados en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo que era de 31.200 actuaciones en 2008-2012 y, en concreto, 6.120 viviendas para el año 2011.

"La Junta tiene que salir a buscar dinero en el ICO ante el recorte de Zapatero al Plan Concertado. Hay que recordar que el convenio firmado por Espadas y la ministra Corredor, se comprometía a financiar en Ayudas Renove 41.860 actuaciones, 10.500 de ellas en el año 2011. Pero el convenio, que preveía aportar 1.440 millones de euros a Andalucía entre los años 2009-2012, quedó mutilado por la supresión de ayudas a la entrada, a la promoción de viviendas en alquiler y en rehabilitación. El Estado dejará de invertir 411 millones de euros reduciendo la inversión en un 57 por ciento", ha agregado.

La popular ha afirmado que los datos sobre rehabilitación de viviendas que se publican en la estadística del ministerio "hablan por sí solos" y apuntó que en 2010 se aprobaron 211 ayudas a Andalucía frente a las 19.629 de Cataluña o las 4.600 de Madrid.

"En cualquier caso lo que la Junta anuncia que va a aportar a la Rehabilitación de edificios, pretende cobrarlo por otro. Por eso ha decidido hacer caja a costa de las viviendas sociales de Andalucía", matizó.

Martínez indicó que en diciembre la Junta de Andalucía aprueba un decreto por el que se le cede a EPSA la gestión de todo el parque residencial de vivienda, 28.255 viviendas que eran titularidad de la Consejería y que se sumarán a las 69.159 de EPSA. Hecho que, en su opinión, supone una "privatización" encubierta de la gestión del parque de viviendas "como denunciaron previamente los sindicatos y que a día de hoy empieza a tener resultados".

"La EPSA, pretende repercutir el IBI a los inquilinos de viviendas sociales. IBI que la Junta de Andalucía nunca ha pagado a los ayuntamientos en los que existen viviendas sociales, así debe unos ocho millones de euros al ayuntamiento de Córdoba, siete millones al de Sevilla y otros tantos al de Málaga".

Finalmente, ha dicho que los vecinos han comenzado movilizaciones porque "los contratos que firmaron en su día no contemplan la posibilidad de que se puedan repercutir los tributos a los inquilinos, de tal forma que en conversaciones mantenidas la Junta asegura que puede hacerlo ahora, después de años sin hacerlo, por lo que los vecinos se defenderán judicialmente si llega el caso".

"Creemos que no es de recibo que la EPSA actúe de esta manera. En primer lugar porque no se ajusta a los contratos firmados y, en el caso de que pudiera hacerlo a partir de un decreto aprobado en el 90, nos parece que es antisocial. Esto sí es un auténtico recorte social a la vivienda. Creemos que la Junta debe satisfacer los tributos del IBI a los ayuntamientos porque, de esta forma, el recorte se lo está haciendo a éstos. La Junta ha pedido a la desesperada que los ayuntamientos le bonifiquen el 90 por ciento de estos pagos, algo que no permite la Ley de Haciendas Locales y que en última instancia va en detrimento de los vecinos que viven en ellas", ha concluido Martínez.