El concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Gijón, Carlos Rubiera, ha comparado el caso de los 'hallazgos' de la Campa Torres con "una trama argumental de una novela negra", en la que ha acusado a la Consejería de Cultura en el anterior mandato de intentar "tapar" lo ocurrido, no sin antes echar la culpa al Ayuntamiento de Gijón. El edil ha mostrado dudas sobre la prescripción de los delitos y ha atribuido la responsabilidad política al ex presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, alcalde de la ciudad durante buena parte de las excavaciones.

Durante su comparecencia en el Pleno de este viernes, Rubiera ha desgranado el perfil y trayectoria profesional del hasta hace poco director del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, Francisco Cuesta, responsable del yacimiento de la Campa Torres en su día y del que ha dicho que no tenía otro medio de subsistencia que el de su "patrón", Areces, -cuando era alcalde—.

El edil ha incidido en que Cuesta deja de entregar el material hallado en el yacimiento en el momento en que es contratado por el Ayuntamiento de Gijón, por lo que, a su juicio, Areces asume esa responsabilidad. "Queda mucho por averiguar y especialmente la responsabilidad política", ha asegurado.

Rubiera ha hecho un repaso desde la primera cata en 1977 en los yacimiento a los materiales encontrados en un 'zulo', 330 cajas de material general y 32 de material selecto, con más de 8.000 piezas de material selecto. Ha aludido también al informe encargado por el Ayuntamiento para rescatar los hallazgos de la Campa enviados fuera, que costó 12.000 euros.

Entre otras cosas, ha recriminado que no era infrecuente encontrar los datos de los hallazgos anotados en los más diversos soportes, desde fragmentos de papel reutilizado, a servilletas y papel higiénico. "Esa era la consideración que tenían de nuestros restos arqueológicos", ha reprochado antes de recalcar que se encontraron botes con indicaciones en el exterior, aunque vacíos.

Respecto a la prescripción del delito penal contra el patrimonio en el que pudieran haber incurrido los arqueólogos, ha apuntado que hay algunos juristas que discrepan, porque se trata de 'tracto continuo', ya que no daban información desde 1979, por lo que es "muy discutible y recurrible esa prescripción" y podría tener "una larga vida" en la Junta General del Principado. De hecho, ha señalado que está en contacto con el consejero de Cultura, Marcos Vallaure, sobre este tema.

Sobre Cuesta, ha explicado que a partir de 1989 no se entregó ni un solo material al museo arqueológico provincial, como marca la Ley, el mismo año en el que pasó a estar contratado por el Ayuntamiento gijonés, por medio de una contratación continuada de periodos cortos hasta 2001.

Rubiera ha señalado que en la Consejería de Cultura se querían "quitar el muerto de encima" y se ha preguntado por qué se intentó tapar "a toda costa la actuación delictiva de Cuesta". Según él, hay piezas que no se sabe dónde están y sobre otras que están fuera, ha incidido en que debería ser la Consejería quien los reclamara. Es por ello, que cree que hay responsabilidades políticas, además de penales.

Sobre esto último, se ha remontado a recortes de prensa de 1990 en los que el propio alcalde, Areces en esa fecha, afirmaba respecto a unos hallazgos que no se entregarían al museo provincial sino que se guardarían en una caja fuerte, lo que va en contra de la Ley. En concreto, referente a un fragmento de oro de collar del siglo II antes de Cristo, Areces señaló que "ahora la guardaremos en la caja fuerte y determinaremos más tarde su destino, pero lo que está claro es que no la enviaremos a Oviedo".

A esto ha vinculado que lo hecho por Cuesta en la Campa Torres ha costado al Ayuntamiento más de 40.000 euros, una parte porque bajo su etapa se construyó un mirador de madera que destrozó un que hubo que reconstruir. Todo ello, a su parecer, daría pie a una reclamación judicial contra Cuesta desde el Ayuntamiento, según él.

Por su parte, el edil del PP Manuel Pecharromán ha recalcado que desde el hallazgo en un 'zulo' de las piezas el 19 de marzo 2009 no se informó ni salió a la luz pública hasta abril de 2001, tras lo que dos días después el PP puso el caso en la Fiscalía por posible delito contra el patrimonio.

Pecharromán ha culpado abiertamente a la ex consejera de Cultura, Mercedes Fernández, y al ex edil del área en Gijón, Justo Vilabrille, sin olvidar la responsabilidad del arqueólogo, y ha recalcado que fue un caso tan "absolutamente grave" que trataron de ocultarlo. El edil ha pedido que se aclare cómo está todo y ha advertido que "no vale dar carpetazo". Para él, es "un autentico desastre" la gestión de las excavaciones arqueológicas que se hacen desde la Consejería.

Por contra, Vilabrille ha instado a Pecharromán a no hablar con frivolidad de expolio del patrimonio y ha defendido la gestión del Ayuntamiento en este asunto. "Cómo se puede encadenar tamaña cantidad de sandeces", le ha recriminado al edil 'popular', al que ha conminado a que no siga desprestigiando de manera "tan grosera" la política cultural que se hace en el Ayuntamiento, porque a lo mejor en unos meses es concejal de cultura, con alusión a un posible pacto de Gobierno con Foro tras las elecciones generales.

El concejal socialista ha asegurado que el trabajo de las excavaciones fue continuado, diligente, y riguroso en la protección y preservación de los hallazgos y ha resaltado que se han invertido en las mismas cerca de diez millones de euros, además de contar con tres museos arqueológicos de titularidad municipal: la Campa Torres, Termas Romanas y Veranes en 2007. Ha remarcado, eso sí, que la responsabilidad de las excavaciones es del Principado.

Por parte de IU-Los Verdes, el portavoz, Jorge Espina, ha incidido en que quien tiene la obligación de custodiar estos materiales son los arqueólogos que dependen de la Consejería de Cultura y ha animado a que se reúna la Comisión que se había creado en el mandato anterior pero que no se pudo concluir por las elecciones en torno a estos hallazgos.

Se ha preguntado también por cuál es el interés del PP por volver a traer este tema, como pueda ser perseguir penalmente al responsable o si tiene un tinte electoralista y ha matizado que son los tribunales de Justicia quienes deciden si hubo delito o no, sin olvidar que se dieron por prescritos en su día. Espina ha resaltado que IU-LV está a favor de proteger el patrimonio, pero todo él, también el de Mina La Camocha.