El Parlamento vasco ha aprobado este jueves, con la abstención de Aralar, EB y EA y el apoyo del resto de grupos, el dictamen de la Comisión de Políticas Sociales, Trabajo e igualdad sobre la proposición de ley sobre Lanbide en el que se plantea que el Servicio Vasco de Empleo cambie su naturaleza jurídica como ente público de derecho privado y pase a ser un organismo autónomo.

En el pleno se han debatido las enmiendas de PNV, PSE, Aralar, EA, aunque el debate ha girado principalmente en la composición del Consejo de Administración y a la toma de decisiones.

El dictamen aprobado establece que el Servicio vasco de Empleo sea un "organismo autónomo de carácter administrativo, ostentando personalidad jurídica propia y plena capacidad para obrar".

Además, mantiene la actual composición tripartita del Consejo de Administración, con 15 miembros, de los cuales cinco representarán la Gobierno vasco, cinco a las organizaciones sindicales y otros cinco a las organizaciones empresariales. Finalmente, no tendrán representación en el consejo organizaciones de la economía social como cooperativas u otras organizaciones de este tipo, como habían solicitado formaciones como PNV y Aralar.

Los acuerdos del Consejo deberán tener el voto favorable de los representantes de la Administración. En caso de imposibilidad reiterada de adoptar acuerdos necesarios para el funcionamiento de Lanbide y cuya resolución "no admita demora", la Presidencia del Consejo podrá someter a votación "extraordinaria" estos asuntos, de manera que podrá adoptarse el acuerdo con el voto favorable de los miembros del Gobierno. Estos cambios suponen la modificación puntual de los estatutos actuales de Lanbide.

El debate

El parlamentario del PNV Ricardo Gatzagaetxebarria, ha resaltado que el acuerdo alcanzado es "el mejor que se podía conseguir" aunque ha explicado que han mantenido varias enmiendas a pesar de que no han votado en contra el dictamen. En concreto, han defendido que la Administración debe tener "siempre" la mayoría en el Consejo de Lanbide porque "gestiona un presupuesto muy importante de la Administración Pública, por lo que debe tener capacidad para negociar y actuar". "Nos alegramos que al fin, la voluntad de la cámara de 2009 se cumpla y funcione como organismo autónomo", ha insistido.

El parlamentario del PSE Bixen Itxaso, por su parte, ha pedido a formaciones como Aralar que "abandonen sus prejuicios" porque la composición del Consejo de Administración "no es un capricho del PSE con la colaboración del PP", sino que su composición "tripartita y paritaria" responde a "cuestiones de legalidad", por lo que esta composición "no es fruto ni capricho del Gobierno, sino que responde al principio de legalidad".

Respecto a la decisión del PSE de mantener la naturaleza de Lanbide como ente público de derecho privado, Itxaso ha defendido que lo que se buscaba era "la máxima eficiencia" del ente y "por máxima coherencia", ya que "nos parece que cambiar las cosas sólo para que se vea que al Gobierno se le zumba, no era la correcto".

Asimismo, ha defendido que el debate sobre la eficacia de las adminsitraciones públicas continuará y tendrá recorrido en el tiempo y volverá a surgir en la cámara un nuevo debate sobre la naturaleza de Lanbide. "Creemos firmemente que la elección del Gobierno estaba centrada en la búsqueda de la eficiencia y pensamos que le tiempo terminará demostrando que el debate tendrá su correlato", ha concluido.

El parlamentario del PP Antton Damborenea, ha explicado que cuando su formación presentó la proposición de ley lo que pretendía era "regular unas cosas nos parecía que no estaban bien reguladas por parte del Parlamento y del propio Gobierno".

Tripartita y paritaria

Respecto a la formación y adopción de decisiones del Consejo de Administración acordada, Damborenea ha considerado que es "la fórmula correcta" porque es "tripartita y paritaria, y "busca el acuerdo con una formula para evitar el bloqueo cuando no haya consenso". "Todos nos hemos dejado cosas para llegar a un acuerdo, pero consideramos que el mejor acuerdo posible es el dictamen que hoy se ha aprobado", ha insistido antes de reiterar que "va a ser una buena ley que sale con consenso amplio".

El parlamentario de Aralar Dani Maeztu, por su parte, ha anunciado que han mantenido sus enmiendas porque aunque están de acuerdo con el cambio de naturaleza jurídica, no les "agrada el rumbo que ha tomado en torno al Consejo de Administración", ya que no están de acuerdo ni con la composición definitiva, ni en la toma de decisiones. Por este motivo, ha explicado que su grupo se abstendrá en la propuesta general, aunque ha señalado que "estamos ante el mejor acuerdo posible".

Maeztu ha se ha mostrado a favor del cambio de naturaleza jurídica porque "garantiza transparencia, un debate público previo, y mayor control publico y social". Sin embargo, ha criticado que Gobierno vasco y PSE, "haciendo caso omiso de la mayoría y con el apoyo y complicidad de algunos agentes, se han enrocado en sus posiciones", ya que "presionados" por Confebask, PSE y PP han aceptado "cerrar la puerta a los representantes de la economía social, lo que no es aceptable".

Grupo mixto

Desde EA, Juanjo Agirrezabala ha criticado que el PSE mantenga la postura de la consejera de Empleo, Gemma Zabaleta, como formula jurídica y ha considerado "incomprensible" que no se incluya a las cooperativas en el Consejo cuando se trata de 1.400 empresas que representan a más de 110.000 puestos de trabajo.

El parlamentario de EB, Mikel Arana, se ha abstenido en el grupo de las votaciones al considerar que el texto presenta "elementos negativos y positivos" y se ha mostrado favorable al cambio de naturaleza jurídica, aunque ha criticado el modelo de Consejo y la toma de decisiones ya que "deja fuera a las empresas del movimiento cooperativista" y donde "ni sindicatos ni empresarios pueden hacer nada, más allá de dar su opinión".

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha defendido que la nueva naturaleza jurídica es "la mejor garantía" para el ente y ha respaldado la composición del consejo de Administración porque "no vemos el encaje del movimiento cooperativo", ya que "lo más razonable es que estén representadas las organizaciones empresariales y sindicales más representativas".