El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, presentó este miércoles su propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC), el sistema de subvenciones a la agricultura de 2014 a 2020. El objetivo de la reforma es definir de forma clara la figura del "agricultor activo" para que dejen de recibir fondos "aeropuertos, campos de golf" y "agricultores de sofá".

Las principales novedades del documento se centran en medidas para favorecer un reparto "más justo" entre sectores y regiones, a través de un pago único por hectárea que equilibre el gasto agrícola europeo, y apoyar los esfuerzos medioambientales con fondos adicionales para los agricultores más verdes. Así un 30% de las ayudas directas iría a los productores que hagan esfuerzos medioambientales.

Lo más polémico de la nueva PAC, además de una reducción de sus fondos, es la llamada "tasa  plana" por hectárea, que no tiene en cuenta la productividad, algo fuertemente criticado entre otros por la consejera de agricultura andaluza, Clara Aguilera. "Es un auténtico despropósito, "que promueve una agricultura improductiva que no apuesta por la competitividad y que no crea empleo sino que lo destruye", ha dicho.

La CE quiere además premiar tres tipos de prácticas ecológicas: la rotación de los cultivos, el pastoreo permanente y el destinar un 7 % de la superficie de la explotación a actividades de valor ecológico. Pero el cambio en el modelo de reparto de las ayudas amenaza con dificultar las negociaciones. El objetivo es eliminar los derechos históricos (basados en la productividad de la tierra) y pasar a un sistema de "pago único" por hectárea. Francia y España perderían con este cambio.

La nueva PAC fijará un techo para evitar el beneficio de los terratenientesOtra de las novedades es la idea de poner un techo a las ayudas que reciben las grandes explotaciones, que Bruselas pretende limitar a 300.000 euros, algo a lo que Alemania, Reino Unido y Suecia se oponen abiertamente. Esto limitaría la cuantía del dinero que recibirían los grandes terratenientes.

Otra novedad es la introducción de la figura del "agricultor activo", que lleve a cabo un mínimo de trabajo en la explotación, para evitar subvencionar a los productores "de sofá". Por otra parte, dentro de los mecanismos de gestión de mercado se propone crear un "fondo de reserva" dotado con 3.500 millones de euros para poner en marcha medidas de mercado ante situaciones como la "crisis del pepino".

La PAC es la política que más presupuesto absorbe de las arcas comunitarias, con 59.799,6 millones de euros y España, el tercer país más beneficiado, con 7.487 millones, según datos de 2009.

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha calificado de "cuanto menos decepcionante" la propuesta de reforma de la PAC, que se merece "casi una enmienda a la totalidad". Según Aguilar, "no responde a lo que necesita el sector" y supone un "hachazo" para los agricultores.

Las organizaciones agrarias Asaja, Upa y Coag criticaron la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) propuesta por Bruselas, al considerar que dañará a los productores españoles y aumentará las cargas burocráticas. El secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag), Miguel López, dijo que la propuesta es una "tremenda barbaridad" en el contexto actual y alertó de que provocará grandes daños sobre el tejido productivo y el empleo.

López consideró que las instituciones y organizaciones sociales en España deben unirse en contra de las ideas de la Comisión Europea, y convertir la cuestión en "un problema de Estado". El representante de COAG se mostró, no obstante, de acuerdo con la idea de Bruselas de establecer un techo a las ayudas que reciben las grandes explotaciones ya que, opinó, el dinero público no debe servir "para seguir engordando fortunas", sino para mantener el sistema productivo y generar empleo.

De salir adelante, alertó, "prácticamente todos los cultivos saldrán perjudicados en España" y se creará un enfrentamiento ineludible entre diferentes regiones por las ayudas. Sobre la idea de incentivar las prácticas ecológicas, opinó que generará "más costes, más burocracia y al final menos competitividad".