El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes al polémico Real Decreto-Ley de medidas de fomento de la contratación que incluyen, por ejemplo, la suspensión, durante dos años, del límite al encadenamiento de contratos temporales.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha insistido durante la rueda de prensa en que no se trata "de una eliminación, sino de una suspensión" y que servirá para "sostener el empleo" después de ofrecer datos sobre el paro en nuestro país, en el que se encuentran est estos momentos "1.600.000 jóvenes". Sindicatos y empresarios han expresado ya su rechazo a la norma.

Asimismo, el Gobierno ha decidido la prórroga por seis meses de la ayuda de 400 euros para parados sin ingresos y la creación de un nuevo contrato de formación para jóvenes sin cualificación que permitirá combinar formación con un trabajo remunerado. Según José Blanco, permitirá a los jóvenes "formarse mientras se trabaja".

El Gobierno suspende con este decreto ley, durante dos años, del límite al encadenamiento de contratos temporales.

Es decir, deja en stand by el artículo 15.5 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el que se establece que adquirirán la condición de fijos aquellos trabajadores que en un plazo de 30 meses hubieran estado contratados durante más de dos años, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas mediante dos o más contratos temporales.

Por otra parte, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2011 el período para  transformar los contratos temporales suscritos con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto en otros de fomento de la contratación indefinida;  respecto a los que se suscriban después, y siempre que su duración no exceda los seis meses, el plazo se amplía hasta el 31 de diciembre de 2012.

El contrato para la Formación y el aprendizaje ha centrado buena parte de las explicaciones de Valeriano Gómez: lo ha calificado como la medida "más importante" adoptada este viernes dentro del decreto ley. El ministro ha asegurado que el contrato a tiempo parcial "está funcionando muy bien incluso durante la crisis" y que crece un 8%.

Este nuevo contrato, para el que el Gobierno se ha fijado en iniciativas llevadas a cabo en Alemania, como el "modelo de formación dual", funcionará mediante la "alternancia" entre formación y empleo y tendrá una retribución normal: el ministro lo ha desvinculado completamente de los "contratos basura". El contrato es para jóvenes entre 16 y 25 años y, transitoriamente, también para jóvenes entre 25 y 30 años.

La duración será entre uno y dos años y podrá prorrogarse un año más en función de la duración del proceso formativo en el que se inserte la persona. La jornada laboral será del 75% de la jornada laboral habitual en la empresa. El resto del tiempo se dedicará a actividades formativas en un centro formativo.

La protección social, según el ministro, será la misma que para el resto de contratos, incluida la protección por desempleo, y del FOGASA; por otro lado, habrá "incentivos" para las empresas que lo apliquen: cuando suponga incremento del empleo, la empresa tendrá una reducción del 100 % de las cotizaciones a la Seguridad Social durante toda la vigencia del contrato si se contrata a personas desempleadas. La reducción será del 75%para empresas de más de 250 trabajadores.

Así, para favorecer su conversión en contratos indefinidos, las empresas tendrán derecho a una reducción de la cotización social de 1.500 euros anuales durante tres años (1.800 euros anuales en caso de contratar a mujeres), cuando a su finalización el contrato para la formación y el aprendizaje se transforme en un contrato indefinido y suponga creación de empleo fijo en la empresa.

Por otra parte, tal y como estaba previsto, el Gobierno ha aprobado la prórroga del Plan Prepara que contempla la ayuda de 400 euros a los parados que han agotado su prestación hasta el 15 de febrero de 2012 por "justicia social y eficacia económica".

Así ha valorado José Blanco, añadiendo que "ni la sociedad puede permitirse que nadie quede abandonado a su suerte ni la economía puede permitirse que se desaproveche una parte importante del capital humano".

El Gobierno pretende con esta medida "ayudar a las personas en situación de desempleo en su recualificación profesional para que puedan incorporarse a nuevos puestos de trabajo" mientras perciben una ayuda económica durante un máximo de seis meses. Hasta el momento, según datos oficiales, cerca de 128.000 personas en paro que han agotado su prestación o subsidio por desempleo han participado en este programa.

Además de las medidas antes mencionadas, la norma prorrogará hasta 2013 el pago por parte del Fogasa de parte de las indemnizaciones por despido, aunque sólo en los casos de despidos procedentes, al tiempo que retrasará al primer semestre de 2013 el desarrollo de un proceso negociador para implantar el fondo de capitalización acordado por Gobierno y agentes sociales.

También establecerá que en el plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor habrán de tomarse las medidas necesarias para integrar el Servicio Público de Empleo Estatal y el Fogasa en un único organismo, y prorrogará un año más, hasta finales de 2013, las bonificaciones a la conversión de contratos temporales en fijos.

El Consejo de Ministros no solo ha aprobado medidas laborales. También dado el visto bueno a un decreto-ley por el que se crea la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria, un órgano que dirimirá las discrepancias que surjan entre AENA, las futuras empresas concesionarias de Barajas y El Prat y las aerolíneas.

Según explicó titular de Fomento, José Blanco, la nueva comisión supervisará que las tarifas aéreas se fijen con "independencia, transparencia y objetividad", con lo que se complementa la transposición de la directiva europea. El nuevo órgano supone un paso más en el proceso de "reforma estructural" del sistema aeroportuario para ganar competitividad en sectores tan relevantes para la economía española como el turismo, dijo Blanco.