El Ministerio de Asuntos Exteriores manifiesta, en un comunicado, su "más profunda preocupación" ante el "decreto supremo" firmado por el presidente de Bolivia, Evo Morales, con el que se nacionaliza y otorga al Estado el "control absoluto" de todos los hidrocarburos.
El Gobierno español desea que se evite el envío de una señal negativa hacia los inversores internacionales
Pide una negociación
Además, España expresa su deseo de que en el plazo de 180 días, anunciado por Morales a las empresas extranjeras para regularizar sus actuales contratos, se abra entre el Ejecutivo de Bolivia y las empresas extranjeras una negociación en la que se respeten los intereses de ambos.
Asimismo, el Estado español confía en que Bolivia evite "el envío de una señal negativa hacia la comunidad inversora internacional que sigue con atención el desarrollo de los acontecimientos".
"El Gobierno español sigue muy de cerca la situación y seguirá trabajando en coordinación con el conjunto de países que mantienen las relaciones más intensas con Bolivia para que se llegue a una solución satisfactoria para las partes", concluye.
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