UGT, CCOO y CSI-F piden la intervención "directa" de Monago para evitar el ERE en la empresa pública Tragsatec

Los sindicatos UGT, CCOO y CSI-F en la región han pedido este lunes la intervención "directa" del presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, para que "haga entrar en razón" a la empresa pública Tragsatec y pida "responsabilidades" a su dirección sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado para ajustar la plantilla.

Los sindicatos UGT, CCOO y CSI-F en la región han pedido este lunes la intervención "directa" del presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, para que "haga entrar en razón" a la empresa pública Tragsatec y pida "responsabilidades" a su dirección sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado para ajustar la plantilla.

El secretario de acción sindical de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT de Extremadura, José Ignacio Luis Cansado, ha destacado, en rueda de prensa, que Tragsatec es una empresa pública y que, "por tanto", sus objetivos "no son tanto los beneficios", sino prestar un "buen" servicio a los ciudadanos.

Asimismo, ha indicado que el consejero extremeño de Agricultura, José Antonio Echávarri, en un encuentro con las tres organizaciones sindicales y la empresa, les habría dicho que la campaña de saneamiento ganadero de 2011 "va a tener una prórroga" que se realizará con "la totalidad de los trabajadores", en concreto 317, y "hasta la totalidad del periodo".

Ante esta postura, ha apuntado José Ignacio Luis Cansado, los sindicatos han pedido que se suspenda el ERE, mientras que la empresa ha alegado, añade el representante de la FSP-UGT, que las tres organizaciones sindicales han interpretado "no del todo bien" las palabras del consejero.

"caos absoluto"

Asimismo, el secretario de acción sindical de la FSP-UGT ha considerado que ha habido un "caos absoluto" en la negociación por parte de la empresa, y que debe ser la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura quien tome la decisión sobre la solución del ERE, ya que los trabajadores son extremeños.

Preguntado por los periodistas sobre la postura final en la negociación, José Ignacio Luis Cansado ha indicado que la empresa ofrece hacer "fijos discontinuos" a los trabajadores en función del presupuesto que sea capaz de acordar, mientras que los sindicatos sostienen que "no necesariamente" tiene que haber una conversión de contratos fijos en fijos discontinuos, sino que haya un "reparto de tiempo de trabajo".

Para ello, los sindicatos abogan por una jornada de tiempo parcial con "distribución irregular" de la misma, con fórmulas que "no impliquen en ningún momento" que exista una "descoordinación" en las tareas del trabajador.

Por su parte, el presidente del Comité de Empresa de Cáceres y delegado nacional de la sección sindical de Tragsatec por el sindicato CSI-F, José Luis Sánchez, ha considerado que la empresa "no está cumpliendo" los compromisos de responsabilidad social firmados con sus trabajadores.

José Luis Sánchez ha manifestado que el criterio del Grupo Tragsa a la hora de gestionar los recursos humanos ha ido "siempre" orientada a "buscar la precariedad y el máximo beneficio económico", algo "no tolerable", a su juicio, en una empresa pública de estas características.

El presidente del Comité Provincial de Empresa de CSI-F de Cáceres ha asegurado que esta situación se resume en dos "chantajes" de la empresa a los trabajadores, a los que "ofrece" un contrato fijo discontinuo o si no "se van a la calle", y a la Junta de Extremadura.

El secretario de organización de la Federación de Servicios Financieros y Administrativos (Comfia) de CCOO en Extremadura, Jacinto Lozano, ha recalcado en la rueda de prensa la "voluntad negociadora" de los sindicatos y ha calificado de "inmoral" que el Grupo Tragsa, con unos "beneficios" de 44,6 millones de euros en 2010, "destruya empleo" en la región.

También ha intervenido el presidente del Comité Autonómico de la empresa, Luis Aguilar, quien ha criticado que Tragsatec, dedicada "indirectamente" a la sanidad pública, "se fija casi exclusivamente en cuáles son sus márgenes de beneficio", cuando los trabajadores, apunta, "no" han tenido beneficios en derechos laborales.

Por su parte, el delegado autonómico de CSI-F en Extremadura, Pedro Gómez, ha indicado que el "problema" de la empresa es que "bajo una mala gestión", que a su juicio pretende "enmascarar" en el contexto de la crisis económica, "pretende realizar una reestructuración de plantilla y, encima, que le salga gratis".

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