La medida fue un revés personal para el primer ministro, Dominique de Villepin, que ha defendido el Contrato de Primer Empleo (CPE) y ha visto cómo su popularidad caía en picado debido a los disturbios y la oposición a la medida.
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El cambio gubernamental respecto al CPE hace difícil que Francia intente una reforma más amplia de su mercado laboral antes de 2007, en opinión de los economistas.
Villepin dijo en un discurso televisado que lamentaba que las semanas de huelgas y protestas demostraran que el CPE no podía aplicarse.
'No se han reunido las condiciones necesarias de confianza y de serenidad, ni por parte de los jóvenes ni por parte de las empresas, para permitir la aplicación del Contrato de Primer Empleo (CPE)', dijo Villepin, añadiendo que abriría negociaciones con los sindicatos sobre el empleo juvenil.
Posteriormente dijo a la televisión TF1 que esperaba aprender de la dura experiencia de dos meses y negó que sus posibilidades para las presidenciales hubieran sufrido puesto que, aseguró, nunca había estado interesado en el puesto.
Una manifestación prevista para el martes en París debería mostrar si se ha sofocado la ira estudiantil.
'La de hoy es una victoria definitiva, pero aún hay muchos temas pendientes', dijo Bruno Julliard, que dirige el sindicato de estudiantes UNEF, en referencia a otras políticas de empleo.
Villepin dijo que el CPE reduciría el desempleo juvenil, situado en el 22 por ciento. El contrato permitía despedir a trabajadores de menos de 26 años sin dar explicaciones durante un período de prueba de dos años.
'El presidente de la República ha decidido reemplazar el artículo 8 de la ley de igualdad de oportunidades por medidas para ayudar a los jóvenes desfavorecidos a buscar trabajo', dijo un comunicado de la presidencia.
Las nuevas medidas incluyen aumentar los incentivos financieros a los empleadores y contratar a menores de 26 años, que afrontan mayores dificultades para acceder al mercado laboral, dijo el ministro de Empleo, Jean-Louis Borloo, a Le Monde.
Esto se aplicaría aproximadamente a unos 159.000 jóvenes que actualmente están empleados mediante contratos subvencionados por el Gobierno, y el coste rondaría los 150 millones de euros en la segunda mitad de 2006.
/Por Elizabeth Pineau/
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