En un comunicado, el Ayuntamiento reiteró su "voluntad de cooperación con los órganos comunitarios" y señaló que "el proyecto de reforma de la M-30 ha estado sometido desde su inicio al control de instituciones independientes".
Según la portavoz comunitaria de Medio Ambiente, Barbara Helfferich, las autoridades madrileñas fraccionaron las obras en 19 proyectos y así "evitaron hacer un estudio de impacto (ambiental) global", lo que, a su juicio, contraviene la legislación comunitaria.
Dos meses para responder
Ahora, el Ayuntamiento tiene dos meses de plazo para exponer las razones jurídicas para defender su proyecto. Estas alegaciones tendrán que ser cursadas a través del Gobierno de la nación, que también enviará sus propias conclusiones y las del resto de instituciones implicadas.
El consistorio madrileño adelantó que "argumentará que el proyecto de la M-30 no forma parte de aquellos contemplados en los anexos de la Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente".
La legalidad de la reforma ha obtenido pronunciamientos favorables de múltiples instituciones
"El proyecto también ha sido sometido a los Tribunales de Justicia -añade el comunicado-, donde en la actualidad se siguen seis procedimientos para enjuiciar su legalidad, de los que tres han sido interpuestos por los grupos políticos de oposición en el Ayuntamiento.
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