En un comunicado, el Ayuntamiento reiteró su "voluntad de cooperación con los órganos comunitarios" y señaló que "el proyecto de reforma de la M-30 ha estado sometido desde su inicio al control de instituciones independientes".

El Consistorio de la capital afirma que la carta de emplazamiento (el modo con el que se inicia un proceso por infracción) enviada a España "se limita a iniciar un procedimiento administrativo para analizar la adecuación de las actuaciones de remodelación de la M-30 al Derecho Comunitario y no presupone ningún pronunciamiento por parte de la Comisión Europea sobre la legalidad o ilegalidad de la actuación del Estado español y, más concretamente, sobre si la adaptación de la legislación española se ha realizado o no conforme a Derecho".

Según la portavoz comunitaria de Medio Ambiente, Barbara Helfferich, las autoridades madrileñas fraccionaron las obras en 19 proyectos y así "evitaron hacer un estudio de impacto (ambiental) global", lo que, a su juicio, contraviene la legislación comunitaria.

Dos meses para responder

Ahora, el Ayuntamiento tiene dos meses de plazo para exponer las razones jurídicas para defender su proyecto. Estas alegaciones tendrán que ser cursadas a través del Gobierno de la nación, que también enviará sus propias conclusiones y las del resto de instituciones implicadas.

El consistorio madrileño adelantó que "argumentará que el proyecto de la M-30 no forma parte de aquellos contemplados en los anexos de la Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente".

Además, recordó que "la legalidad de la reforma ha obtenido reiterados pronunciamientos favorables, tras someterse al control del Consejo de Estado, la autoridad ambiental de la Comunidad de Madrid, la Confederación Hidrográfica del Tajo, la autoridad regional de protección del patrimonio histórico-artístico, y el propio Defensor del Pueblo".

"El proyecto también ha sido sometido a los Tribunales de Justicia -añade el comunicado-, donde en la actualidad se siguen seis procedimientos para enjuiciar su legalidad, de los que tres han sido interpuestos por los grupos políticos de oposición en el Ayuntamiento.

NOTICIAS RELACIONADAS: