El funcionario del Registro Civil decidirá si no hay acuerdo sobre el orden de los apellidos

El orden de los apellidos de los hijos en caso de desacuerdo entre los progenitores lo decidirá el funcionario del Registro Civil si en tres días los padres no son capaces de ponerse de acuerdo, según el acuerdo alcanzado en la Comisión de Justicia del Congreso en la tramitación del proyecto de ley de Registro Civil, aprobado por 37 votos a favor y una abstención.

Encuesta

¿Es acertado que un funcionario pueda decidir el orden de los apellidos de los hijos?

7% Sí, porque es neutral y puede resolver el conflicto de forma rápida.

76% No, es una decisión muy importante que deben tomar los padres, aunque les cueste ponerse de acuerdo.

17% Es indiferente, ya que los hijos podrán elegir el orden de sus apellidos al cumplir los 16 años.

La regla alfabética no tenía ningún sentido

Finalmente no será el orden alfabético, como había propuesto inicialmente el Gobierno, ni el azar, como habían sugerido algunos grupos parlamentarios de la oposición.

Conforme a la enmienda pactada, si no hay acuerdo entre los padres, que sería "su obligación", se les apercibirá que tienen tres días más para cumplir con su obligación de fijar el orden y, de no hacerlo en ese plazo, decidirá la persona encargada del Registro Civil, atendiendo siempre al interés superior del menor. Es decir, que hará lo que considere mejor para el niño evitando que se creen cacofonías o nombres raros al unirse con su nombre.

Así lo ha celebrado el diputado nacionalista catalán Jordi Jané durante la votación del proyecto de Ley del Registro Civil en la Comisión de Justicia del Congreso. "Aporta sentido común a lo que el proyecto de ley establece, la regla alfabética no tenía ningún sentido si hay una discrepancia sobre el orden", y que son los padres los que "tienen el imperativo" de decidirlo, ha agregado.

"¿Cuál es el interés superior del menor si los progenitores no se ponen de acuerdo?", se ha preguntado Jané, quien en este sentido ha puesto como ejemplo que si a una niña la ponen Dolores de nombre y los apellidos de los padres son Segura y Guerra, es mejor que se llame "Dolores Segura Guerra que Dolores Guerra Segura".

En este sentido, el diputado del PNV, Emilio Olabarría, ha señalado que se debería especificar el procedimiento que debería seguir el encargado para llevar a cabo esta tarea, mientras que Joan Tardá, de ERC, ha señalado que mantendrá en el Senado su propuesta de que sea el azar el que lo decida, porque ha considerado que no se puede dejar esta cuestión a la elección del funcionario sin ningún criterio establecido.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Julio Villarrubia, aunque ha aprobado la enmienda consensuada por todos los grupos ha reconocido que le hubiera gustado que se hubiera aprobado la propuesta del orden alfabético.

Nuevas reformas

Al margen de este punto, el proyecto de ley aprobado reconoce que la personalidad se adquiere nada más nacer y no es necesario, como establecía la legislación vigente, esperar a las 24 horas del nacimiento.

El tradicional libro de familia será sustituido por una base de datos electrónicaAdemás, los padres podrán registrar el nombre de un hijo que haya fallecido antes de su nacimiento siempre que la gestación supere los seis meses, y se ha adelantado a los 16 años la edad obligatoria por si una persona quiere modificar su nombre y sus apellidos.

La reforma del Registro Civil contempla también la desaparición del tradicional libro de familia, que será sustituida por una base electrónica en la que los ciudadanos podrán consultar todos sus datos en cualquier momento y lugar del país.

Con este proyecto de ley, se pretende configurar un Registro Civil electrónico moderno, rápido, accesible y único para toda España.

El PP, a través de su diputado Vicente Ferrer, ha señalado que a pesar de que su grupo ha votado a favor del proyecto de ley lo ha hecho "con poco entusiasmo" al considerar que expresa dudas, puesto que puede suponer, a su juicio, la pérdida de garantías que ofrece la tutela judicial.

Antes del comienzo de la Comisión, varias decenas de funcionarios de la Administración de la Justicia, convocados por CC OO, se han concentrado frente al Congreso de los Diputados para exigir que esta reforma no suponga la pérdida de puestos de trabajo o un empeoramiento de las condiciones laborales.