La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Santiago ha presentado una denuncia ante el Defensor del Pueblo en la que pide la "anulación o modificación" del decreto que establece medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre listas de espera al considerar que "permite a las administraciones maquillar" estas listas.

En declaraciones a Europa Press el portavoz de la entidad, Manuel Martín, ha asegurado que esta norma "vulnera la ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud y el artículo 43 de la Constitución Española que garantiza la igualdad a todos los españoles".

En esta línea, Martín ha señalado que este decreto "facilita" que las administraciones "hagan trampa al poder maquillar las listas de espera y ocultar a muchos de los pacientes que están en ellas".

Según ha explicado, esta "trampa" se debe a que la normativa permite que existan "dos listas de espera", la estructural y la no estructural. Así, ha detallado que en la no estructural se incluyen "los pacientes que rechazan ser atendidos en los centros privados", lo que, según las estimaciones de la plataforma, permite que alrededor de "un 30 por ciento de los pacientes en las listas se oculten".

En esta línea, ha apuntado que, además de ocultar información, la medida "discrimina a los pacientes que rechazan ser atendidos en centros privados" ya que "quieren recibir asistencia en centros públicos al considerar que tienen más calidad y mejor equipamiento".

"deriva privatizadora"

Manuel Martín también ha incidido en que la norma, además de permitir "ocultar" la "deriva privatizadora que en este momento tiene el sistema sanitario en Galicia", "no es útil a la hora de planificar los recursos ni aporta información al usuario".

En concreto, tal y como ha añadido, en virtud de este decreto, el usuario de la sanidad "no tiene información" sobre los criterios para priorizar su posición en las listas y qué posición ocupa. Un hecho que, a su juicio, "da origen a chanchullos e irregularidades en detrimento de la igualdad y la equidad".

A este respecto, ha considerado importante que las listas "incorporen el tiempo de espera máximo" que debe tener el usuario, que según ha criticado, "tampoco se estipula".

Por último, ha apuntado que la atención primaria "es el área que debería gestionar la espera de los pacientes", pero, tal y como ha lamentado, "carece de los recursos necesarios para poder evitar que un especialista de hospital sea quien cierre las listas de espera".

"ocultar información"

Según ha remarcado, el real decreto posibilita que las distintas administraciones de las comunidades autónomas "oculten información y maquillen las listas" y que "se establezca una especie de batalla mediático-política" para que la información sobre las mismas "no esté disponible".

Con todo, ha instado a la Administración central a "anular" el real decreto y a "poner en marcha los instrumentos necesarios para que las informaciones de las listas de espera sean homogéneas" ya que, según las estimaciones de la entidad, "si la lista no estructural se incorporase a la real el tiempo de espera pasaría de 66 a 100 días".