La medida comenzará a aplicarse el próximo 7 de abril, con un gravamen del 4,8% para los zapatos chinos y del 4,2% para los vietnamitas, e irá subiendo progresivamente, hasta su aplicación plena (19,4% para China y 16,8% para Vietnam) desde el 15 de septiembre.

«Para el fabricante de aquí es una ventaja», valoró ayer Pedro Méndez, secretario general de la Asociación de Industriales del Calzado de Elche, «ya que no importa y no se ve obligado a pagar una tasa; el zapato alicantino es de más calidad y se producirá más aquí», pronosticó.

De los nuevos aranceles quedarán excluidos los zapatos de niño (los de tacón de menos de tres centímetros y talla inferior al 37), para evitar un impacto excesivo en las familias más pobres, y los deportivos de alta tecnología, cuya producción en Europa no es elevada.

«No es una medida proteccionista, ya que se evita que entre en Europa un calzado de peor calidad y que tiene subvenciones encubiertas», concluyó Méndez.

Por debajo del precio de coste

La investigación llevada a cabo por la Comisión Europea encontró «claras evidencias» de intervención estatal en la producción de calzado en China y Vietnam, con subsidios ocultos, en la forma de créditos a tipos de interés por debajo del mercado, coste del suelo más bajo, evaluación de activos inadecuada y «vacaciones fiscales». Todo ello permite a los fabricantes de esos dos países exportar a la UE por debajo del precio de producción, por lo que se han impuesto los aranceles.