Efectivos de la Guardia Civil han detenido en la provincia de Alicante a 27 personas acusadas de vender 33 autocaravanas gravemente dañadas, procedentes de Francia, donde 414 vehículos sufrieron desperfectos en una inundación en 2008, y cuyo uso suponía un riesgo para la circulación y para la seguridad de sus ocupantes, según ha informado en un comunicado la Comisaría Provincial alicantina.

De los 27 detenidos, 21 son inspectores de las estaciones ITV de la provincia de Alicante, cinco Ingenieros Técnicos Industriales y el gerente de la mercantil que importó los vehículos.

Todos los detenidos son de nacionalidad española y de edades comprendidas entre los 22 y los 60 años, a los que se les imputa la presunta comisión de los delitos de falsedad documental, contra la propiedad industrial y estafa.

La operación comenzó en el verano del pasado año, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la posibilidad de que se estuvieran vendiendo en nuestro país autocaravanas que deberían de haber sido destruidas. La fase de explotación comenzó el día 14 de marzo de 2011 y duró hasta el 8 abril, período en el que se fueron sucediendo las 27 detenciones practicadas en Alicante.

El 6 de septiembre de 2008 se produjeron en Francia una serie de inundaciones en las que resultaron afectados 414 vehículos —autocaravanas y caravanas— de una empresa que opera en ese país.

Todos los vehículos fueron declarados siniestro total y no aptos para la circulación, al haber resultado gravemente dañados en su estructura interior, principalmente de madera, incompatible con la inmersión en agua que produce putrefacción y descomposición con el tiempo.

Por este motivo fueron adjudicadas para desguace por piezas a otra empresa de la República Checa, tras retirar las matrículas, las chapas con los números de identificación y contraseñas de homologación y cortar los largueros que sujetan el suelo de la vivienda.

La empresa checa, en lugar de extraer las piezas recuperables, procedió a la puesta en el mercado de los vehículos, soldando los largueros cortados y sustituyendo las chapas y números de identificación por pegatinas y nuevos troquelados.

Una mercantil alicantina compró 33 autocaravanas de esta partida, por un precio de 9.000 euros cada una, careciendo de factura con IVA, de garantía y de Certificado de Conformidad. Para su matriculación en España, estos vehículos tuvieron que pasar varios trámites e informes favorables, que por las características y procedencia de las autocaravanas nunca debieron haber obtenido, puesto que no se ajustan ni a la normativa europea ni a la nacional.

Los ingenieros ahora detenidos expidieron 27 Tarjetas de Inspección Técnica falsas, puesto que las Fichas Reducidas correspondientes habían sido confeccionadas por un ingeniero industrial no facultado para su expedición, al ser el importador una mercantil y no el propio particular, según establece la ley; así como tres fichas reducidas que vulneraban una Directiva del Parlamento Europeo, que exige que la homologación individual se conceda a vehículos fabricados en el propio país o que sean homologados a través de un laboratorio acreditado en España.

Las autocaravanas deberían de haber sido destruidas para poder acceder al mercado de compraventa solo por piezas; en cambio se utilizó un procedimiento no reglado para su legalización en España, falsificando las fichas reducidas que expedían los Ingenieros Técnicos Industriales, como paso previo para la obtención de la Tarjeta de Inspección Técnica, sin que los inspectores de la ITV detectaran las graves anomalías que presentaban los vehículos, expidiendo las Tarjetas de ITV favorables.

Los defectos de las autocaravanas están calificados como graves en el Manual de Procedimiento de las Inspecciones de la ITV, por diversas anomalías en las unidades de inspección.

Los compradores españoles pagaron entre 35.000 y 40.000 euros por las autocaravanas defectuosas, cuando su precio de mercado oscilaba entre 42.500 y 56.600 euros, según modelo. Por ello se calcula que el montante de la estafa podría alcanzar el 1.050.000 euros, aproximadamente. Además fueron vendidas como autocaravanas no matriculadas y sin kilómetros, cuando se trataba de vehículos siniestrados no válidos para la circulación.

Las investigaciones han resultado especialmente complejas, entre otros motivos, por haberse vendido los vehículos en diferentes partes del territorio nacional, lo que hizo necesaria la colaboración de unidades de la Guardia Civil de 17 provincias, así como del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de la Consejería de Industria, Comercio e Innovación y del organismo de Seguridad y Promoción Industrial Valenciana.

Las diligencias, los detenidos y efectos intervenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, tal y como han señalado las mismas fuentes.