El etarra Antonio Troitiño, condenado a más de 2.200 años de prisión por más de veinte asesinatos en los años 80, ha quedado este miércoles en libertad, a pesar de que su salida de la cárcel no estaba prevista hasta el año 2017 en aplicación de la llamada 'doctrina Parot', pero ha salido antes al aplicarse la doctrina del Tribunal Constitucional.

Antón Troitiño Arranz alias 'Miguel Angel', nació el 26 de junio de 1957 en Tariego de Cerrato (Palencia). Fue miembro del 'comando Madrid' más sanguinario -el número de asesinatos que se le atribuye son 22- hasta que fue detenido el 16 de enero de 1987, al asaltar los GEOS un piso de la calle Río Ulla. Junto a él fueron detenidos otros cinco etarras: Cristina Arrizabalaga, María Teresa Rojo, Esteban Esteban Nieto, Inmaculada Noble y José Ignacio de Juana Chaos.

Troitiño era uno de los etarras más sanguinarios y llegó a estar recluido en la prisión del Salto del Negro, en Las Palmas de Gran Canaria. Fue juzgado y condenado a más de 2.500 años de cárcel. En concreto se le condenó a 2.232 años por su intervención en el asesinato de 12 guardias civiles en la Plaza de la República Dominicana, en Madrid.

Otros atentados sangrientos por los que ha sido condenado fueron el asesinato del comandante Saénz de Ynestrillas y otros dos militares; el atentado contra un Land Rover de la Guardia Civil en la calle Juan Bravo; y el intento de asesinato en 1986 del Fiscal General del Estado, Luis Antonio Burón Barba.

La salida de la cárcel de Troitiño coincide con la puesta en libertad de José María Sagarduy Moja, alias 'Gatza', el preso de ETA que llevaba más tiempo en prisión. 'Gatza' salía esta mañana de la prisión de Jaén después de 31 años y nueve meses entre rejas.

La doctrina del doble cómputo de la prisión preventiva, establecida por el Tribunal Constitucional en 2008 y cuya aplicación ha permitido que la Audiencia Nacional acordara este miércoles la excarcelación de Troitiño, ha venido mereciendo fuertes críticas tanto por parte del Tribunal Supremo como por la Fiscalía General del Estado, que en su día solicitó al Gobierno una modificación del Código Penal por entender que favorece a los presos que acumulan más delitos y condenas más largas.