En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el ministerio fiscal recoge que en diciembre de 2003 el Ayuntamiento adjudicó a la mercantil Residencia Vistalegre SA una parcela de 27.270 metros cuadrados, por un precio de 13.601.194 euros, y que posteriormente esta empresa informó al consistorio que, tras una medición, la parcela tenía 23.310 metros cuadrados.

Tras recibir esta información, el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Orihuela constató que la parcela adjudicada a la Residencia Vistalegre SA medía 23.050 metros, es decir, 4.220,50 metros menos de los que debería tener, por lo que fijó su precio en 11.496.187,50 millones de euros.

Así, y para "restaurar el equilibrio patrimonial de la corporación", la concejal delegada de patrimonio, Eva Ortiz Vilella, en mayo de 2004 propuso iniciar por parte del Ayuntamiento los trámites oportunos para resarcir la diferencia de superficie de la parcela, una propuesta aprobada en junta de gobierno local.

En junio de 2004, el que fuera alcalde de Orihuela hasta 2007, José Manuel Medina, dictó un decreto en el que informaba a la Agrupación de Interés Urbanístico 'Las Piscinas' —que fue quien aportó la finca para convertirse en agente urbanizador del proyecto de reparcelación J-1— que la parcela que entregó al Ayuntamiento tenía 4.220,50 metros cuadrados menos de los que debía tener , por lo que le solicitaba que aportara el resto de la superficie que faltaba o procediera a su indemnización.

Puesto que el agente urbanizador no dio respuesta alguna a este decreto, Medina dictó otro, el 6 de julio de 2004, en el que daba a la Agrupación de Interés Urbanístico 'Las Piscinas' un plazo de 15 días para aportar los metros cuadrados o el dinero equivalente, y le informaba de que si no se obtenía respuesta al problema, el Ayuntamiento ejecutaría las acciones que procedieran ante los tribunales.

El acusador público sostiene que Medina, siendo "plenamente consciente de lo injusto y arbitrario de su pasividad, no solo no acordó la ejecución de las acciones pertinentes ante los tribunales de justicia, tal y como anunciaba el decreto, sino que además no realizó actividad alguna tendente a restaurar el equilibrio patrimonial del consistorio, que había resultado mermado como consecuencia de la falta de cabida" en la parcela.