Los ecologistas basaron su protesta en la "indefensión ciudadana" que la Comunidad de Madrid está ocasionando "al no publicar los acuerdos del Consejo de Gobierno".

Asimismo, denunciaron la "ausencia de información pública" del proyecto de desdoblamiento (en realidad, convertir la carretera en una autovía) y criticaron la anulación del trámite de Evaluación de Impacto Ambiental.

El defensor del pueblo, Enrique Múgica, señala que la motivación no se ha dado a conocer oficialmente mediante la publicación del acuerdo del Consejo de Gobierno, "que esta Defensoría sigue sin poder localizar", y añade que los motivos principales, "centrados en la alta siniestralidad y muy de tener en cuenta, parecen contradictorios con otros datos de la Comunidad de Madrid".

También indica que se presenta como objeto de discrepancia entre el órgano sustantivo y el ambiental "lo que en realidad son dos proyectos distintos: el declarado (en parte) ambientalmente inviable hace unos años y el aprobado más recientemente, sobre el que no ha habido evaluación conforme al procedimiento reglado".

Controvertido proyecto

Los ecologistas recuerdan que el proyecto cuenta con declaración de impacto negativa, con un informe negativo realizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y con la oposición del sector científico y de las cinco principales organizaciones ecologistas.

En 2003, la Comunidad de Madrid aprobó un proyecto alternativo de mejora de la carretera sin necesidad de duplicación, algo que Ecologistas en Acción cree que podría afectar a la Zona de Especial Protección para Aves del lugar (Zona ZEPA).

Este proyecto, que ya debería estar ejecutado y que fue consensuado con los alcaldes de la zona, fue paralizado por el Gobierno regional de Esperanza Aguirre, según concluyeron.

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