En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó que se trata de una "una importantísima iniciativa de modernización de nuestro sector de la edificación, que adapta nuestras normas a la normativa comunitaria y a la de los países más avanzados del mundo".
Así, el código regula las exigencias básicas en seguridad en materia de estructuras, incendio, higiene, salud, medio ambiente y ahorro de energía.
Especifica las condiciones que deben cumplir los cimientos y las estructuras de acero y establece medidas para impedir la propagación del fuego en las viviendas, así como de mejora de los sistemas de detección.
En cuanto a higiene, pretende disminuir los problemas causados por la humedad y debidos al mal diseño constructivo, y favorecer el ahorro del agua en los edificios.
Casas más ecológicas
La parte dedicada al ahorro de energía tiene como objetivo conseguir un uso energético racional y potenciar el uso de las energías renovables.
Así, la normativa establece la obligación de incorporar criterios de eficiencia energética y el uso de energía solar, térmica o fotovoltaica en los nuevos edificios o en aquellos que se vayan a rehabilitar.
También se establece la contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.
¿Encarecerá la vivienda?
La Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) considera que el Código Técnico de la Edificación (CTE) implicará el aumento de los costes de construcción, aunque éste será "ligero, digerible y asumible", ya que estima que encarecerá el coste final de los pisos de venta libre como mucho un 2%.
Sin embargo, la asociación considera que el incremento va a ser mayor en las viviendas protegidas, donde ya de por sí los márgenes son estrechos.
Por su parte, la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, ha asegurado que el ahorro social, económico y medioambiental que llegará con el nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE) compensará el sobrecoste del uno por ciento que causará la aplicación de sus normativas en la construcción.
Por tanto, se trata de un encarecimiento muy limitado que, por los beneficios que aportará al usuario, sobre todo el ahorro energético, será amortizado en cinco años, agregó.

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