El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció este viernes que el plan que pretende poner en marcha el Ejecutivo para que aflore el empleo sumergido contará con una serie de incentivos que se extenderán desde junio de este año hasta diciembre de 2012.

Zapatero hizo este anuncio en la rueda de prensa que ofreció en Bruselas al término del Consejo Europeo ante el que presentó una serie de compromisos de España para evidenciar su apuesta por el Pacto del euro.

Entre esos compromisos se encuentra el plan de afloramiento del empleo irregular, una práctica que el Gobierno considera que se ha extendido con motivo de la crisis económica.

Al ser preguntado por la posibilidad de que el Gobierno prevea una amnistía para que afloren casos irregulares de contratación de trabajadores, Zapatero se limitó a señalar que habrá incentivos y que se aplicarán desde junio de este año hasta diciembre de 2012.

No quiso ofrecer más detalles a la espera del diálogo que el Gobierno pretende abrir al respecto con los agentes sociales para perfilar sus características y su naturaleza.

De hecho, este será un asunto que analizará en la reunión que mantendrá este sábado en el Palacio de la Moncloa con el presidente de la CEOE, Juan Rosell, y con los representantes de las principales empresas españolas.

A la espera de ese diálogo con los agentes sociales, sí aseguró que el plan se aprobará en abril y que está ya muy desarrollado por el Gobierno en aspectos concretos.

Sin embargo, dijo que es imposible determinar en la actualidad la cifra del empleo sumergido que existe en España.

Por su parte, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, negó que los incentivos que propondrá el Gobierno "sean amnistías" y dijo que se trata de dar "facilidades" a las empresas durante un tiempo para que puedan regularizar trabajos ilegales.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Gómez señaló que uno de los pilares de la propuesta que negociarán con los agentes sociales será la de "abrir un período de regularización" de la economía sumergida para posteriormente sancionar "de forma más intensa y severa" cualquier actividad económica irregular.

Dijo que este plan de lucha contra el empleo no declarado está "muy avanzando" y puntualizó que el programa, que está centrado en el "mayor control", mejorará las cuentas públicas y ayudará al trabajo decente.

Explicó que el período transitorio para hacer aflorar el empleo irregular sería "temporal" y aseguró que aunque actualmente existen aplazamientos para los pagos de deudas acumuladas por parte de las empresas, éste se podría prolongar aún más, o incluso mejorar las garantías que deben aportar las compañías para estos aplazamientos.

"Primero soluciones amistosas y razonables", dijo el ministro en referencia al período temporal en el que se facilitaría el afloramiento de la economía irregular.

Sin embargo, fue tajante cuando añadió que una vez finalizado este período transitorio el "empleo irregular debe tener una sanción mas intensa de la que ahora tiene".

"Primero, un plazo para regularizar las situaciones y vencido el plazo la ley de sanciones e infracciones puede aumentar y endurecerse", aseveró.

Gómez, que cuantificó el porcentaje de economía sumergida en España entre el 15 y el 25 % del PIB, indicó que el objetivo de abrir un período para regularizar el trabajo no declarado es que también "rinda frutos a la sostenibilidad del sistema de protección social", frente al elevado desempleo provocado por la crisis.

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) propuso por su parte al Gobierno que refuerce la inspección y establezca un mayor control entre quienes perciben prestaciones o subsidios, incluidas las prejubilaciones.

En un comunicado, ATA reaccionó así tras el anuncio de Zapatero. ATA valora dicho plan porque, según esta federación, en España hay un millón de empresas "fantasmas" principalmente en los sectores de la construcción y el transporte que no cotizan a la Seguridad Social ni pagan impuestos a Hacienda y causan un "daño horrible" a los autónomos que cumplen con sus obligaciones.

Por ello, también propone que se hagan campañas de sensibilización para provocar el rechazo social a estas prácticas y que se establezca una bonificación del 50 % de la cotización a la Seguridad Social para los trabajadores que, al tiempo que cotizan en el régimen general se den de alta en el de los autónomos y pasen a cotizar simultáneamente en ambos.

Según ATA, el problema de la economía sumergida se encuentra más en los empresarios fantasmas que en contrataciones irregulares y por ello considera necesario "centrar" las acciones en luchar contra estas actividades.