El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado en rueda de prensa tras el Consejo Europeo las medidas económicas que España pondrá en práctica -muchas ya están en marcha y otras han sido anunciadas- "como respuesta a la crisis" y para adaptar el pacto del euro aprobado en Bruselas.

El paquete de iniciativas está estructurado en cuatro grandes bloques: competitividad, crecimiento de empleo, sostenibilidad de las finanzas públicas y estabilidad financiera.

Los países reunidos durante los últimos dos días, ha explicado el presidente, han hecho "un esfuerzo importante para que haya acuerdo" y se han impuesto la "tarea del fortalecimiento de las normas y reglas de Europa" para combatir las consecuencias de la peor crisis de las últimas décadas. Por otro lado, han mostrado su confianza en que Portugal "garantice su propia estabilidad".

Las nueve medidas que ha enumerado Zapatero se pondrán en marcha sin recortes ni subida de impuestos y tienen, entre otros, el objetivo de hacer aflorar la economía sumergida. Además, pretenden controlar el déficit de forma obligatoria y con el acuerdo de las comunidades autónomas, así como reducir la deuda en todas las instituciones del Estado:

- En este apartado, el presidente ha anunciado que el Gobierno se centrará en la negociación colectiva con un proyecto de ley que verá la luz a finales de abril y que establecerá un nuevo esquema para las conversaciones;

- Se llevará a cabo un impulso a los cambios de servicios profesionales, que ayudará a combatir los problemas relativos de la inflación y revisará las reservas de actividad y las obligaciones de colegiación;

- Se creará una comisión asesora de competitividad, que será aprobada el próximo 1 de abril en el Consejo de Ministros;

- Se pondrá en marcha una nueva ley concursal, aprobada el pasado 18 de marzo, para salvar de la crisis a las empresas afectadas, evitar su cierre y ayudar a que puedan refinanciar su deuda.

- Se pondrán en marcha nuevas políticas activas de empleo que se desarrollarán con las comunidades autónomas;

- Se acelerará el proceso de modernización de la Formación Profesional mediante un conjunto de decretos que reformarán el acceso, la calidad de la enseñanza, etc.;

- El Gobierno pondrá en marcha un plan contra el empleo irregular a partir del mes de junio que durará hasta diciembre de 2012. El objetivo fundamental es el de hacer aflorar la economía sumergida y para ello habrá "incentivos". Zapatero no quiso ofrecer más detalles a la espera del diálogo que el Gobierno pretende abrir al respecto con los agentes sociales para perfilar sus características y su naturaleza.

De hecho, este será un asunto que analizará en la reunión que mantendrá el sábado en el Palacio de la Moncloa con el presidente de la CEOE, Juan Rosell, y con los representantes de las principales empresas españolas.

A la espera de ese diálogo con los agentes sociales, sí aseguró que el plan se aprobará en abril y que está ya muy desarrollado por el Gobierno en aspectos concretos. Sin embargo, dijo que es imposible determinar en la actualidad la cifra del empleo sumergido que existe en España.

- El Ejecutivo incorporará una regla de gasto atendiendo al crecimiento del PIB nominal en el medio plazo. Esta regla será de obligado cumplimiento para la Administración del Estado. Por respeto al principio constitucional de autonomía financiera, ese control no se va a imponer a las comunidades autónomas, aunque Zapatero ha desvelado que ya han comenzado los contactos para que ellas adopten la misma regla.

"Será extraordinariamente útil que las comunidades se autoimpongan más control del gasto", ha recalcado, antes de apostar por lograr "un gran pacto" en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera porque el acuerdo es el camino "más sólido y más seguro" para garantizar la estabilidad presupuestaria.

- El Gobierno ha adquirido el compromiso de culminar el proceso de adaptación del sistema financiero a los requisitos de capitalización para las entidades financieras. Las entidades tienen que presentar a final de mes sus planes de recapitalización y estrategias, que serán evaluadas por el Banco de España, y el compromiso legal es el de de cubrir eventuales deficiencias adicionales que puedan revelar los nuevos test de resistencia.