La Junta de Andalucía se encargará de coordinar durante todo el primer semestre de este año 2011 la participación de las distintas comunidades autónomas españolas en el Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea, centrando su dirección en "impulsar" los procesos de distribución de información relativa a los temas en debate, asistir a los grupos de trabajo del Consejo, proponer y consensuar una posición común de todas las regiones españolas para trasladarla al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) y llevarla a las reuniones del Consejo en Bruselas y Luxemburgo.

Entre los temas que se van a debatir a lo largo de este semestre destaca el del Cambio Climático, en referencia a los resultados alcanzados en la Conferencia de Cancún y la preparación de la siguiente, COP 17, en Durban (Sudáfrica), según ha indicado en una nota la Consejería de Medio Ambiente. Otros asuntos que se van a abordar son los relacionados con las nuevas medidas a llevar a cabo para detener la pérdida de la biodiversidad, la reforma de la PAC y las políticas de aguas. En este semestre se espera finalizar también la Directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Tanto a los dos Consejos consultivos de política medioambiental para asuntos comunitarios que organiza el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, como a la reunión de los dos Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea que se celebrarán durante los meses de marzo y junio en Luxemburgo y Bruselas, respectivamente, asistirá el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, en representación de las comunidades autónomas.

El Consejo de la Unión Europea es, junto con el Parlamento europeo, colegislador de la normativa comunitaria, y por tanto las decisiones que se adoptan en su seno, tanto legislativas como no legislativas, son de gran relevancia jurídica.

Por su parte, las comunidades autónomas tienen atribuidas numerosas competencias directamente afectadas por la legislación, lo que ha provocado la necesidad de asegurar su participación en la voluntad estatal ante las instituciones comunitarias.

Por ello, recuerda que en 2004 se estableció esta vía de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, con objeto de articular la participación de éstas en la elaboración de la posición española ante el Consejo de la UE. Hay que destacar que en otros países europeos descentralizados políticamente como Alemania y Bélgica han tenido lugar procesos similares.