Esta decisión es consecuencia de la denuncia presentada por ARCA en octubre de 2009 y conlleva la reposición del terreno a su estado anterior al movimiento de tierras y la retirada de los cierres ejecutados con troncos y alambre de espino, con la advertencia a las propietarias de que de no cumplirse lo ordenado se procederá a la ejecución subsidiaria a su costa, sin perjuicio de la imposición de multas coercitivas reiterables en periodos de tres meses.
Por el contrario, y según señala ARCA en un comunicado, la consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno regional no ha comunicado a esta asociación la iniciación del correspondiente expediente sancionador, "manteniendo su política de pasividad frente a las numerosas violaciones que está sufriendo la Ley 2/2004 de Protección del Litoral".
De hecho, ARCA asegura que "no tiene conocimiento" de que el consejero, José María Mazón, haya incoado "ni un solo expediente sancionador por violación al POL en toda la legislatura que está a punto de concluir", con la "lógica consecuencia" de que "nadie se siente ya obligado a respetar la Ley y las infracciones se multiplican en Piélagos y el resto de municipios costeros".
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