A base de desencuentros públicos, de filtraciones y de meses de debate, las grandes novedades de la reforma laboral están ya muy esbozadas. Al menos en lo que se refiere a las pretensiones del Gobierno, unas aspiraciones que, tras el fracaso de las negociaciones con patronal y sindicatos durante la madrugada del jueves, se verán afectadas por la obligatoria negociación parlamentaria.
Tras pedir responsabilidad a los grupos presentes en el Congreso de cara a ese debate, el presidente Zapatero trazó este jueves, desde Italia, las líneas maestras de la reforma: "Queremos un modelo en el que la contratación indefinida sea la norma frente a la temporal. Queremos reducir el esfuerzo en el coste del despido, sin que los trabajadores pierdan derechos y queremos hacer un cambio en la flexibilidad interna de la empresa".
Según el borrador que entregó el Gobierno a los agentes sociales en la reunión, lo primero pasaría por limitar a un máximo de dos años el contrato por obra y elaborando una redacción "más estricta" para el encadenamiento.
Penalización del contrato temporal
También se plantea una penalización de la contratación temporal, con un despido más caro.
Además se eliminarían las bonificaciones universales a la contratación indefinida para jóvenes, mujeres y desempleado de larga duración, para dirigirlas a los parados menores de 30 sin formación y mayores de 45 años que lleven 12 meses desempleados.
Para incrementar el empleo también se apuesta por una fórmula ya existente: el contrato indefinido de fomento, con un despido de 33 días frente a los 45 del indefinido normal, del que se eliminarán varias limitaciones para generalizar su uso entre más colectivos.
Cuando Zapatero habla de "la reducción del esfuerzo en el coste del despido" se refiere al abono por parte del Fondo de Garantía Salarial de parte de la cuantía total que percibe el trabajador que pierde su empleo. Los trabajadores cobrarían lo mismo, pero para los empresarios sería más barato. En concreto, 8 días siempre que se trate de un despido objetivo (sea procedente o improcedente).
Quedan excluidos de esta ayuda pública al despido privado los disciplinarios improcedentes.
Por último, la flexibilidad. En el documento se especifica en qué consistiría el mil veces mencionado modelo alemán, que prima el mantenimiento de los puestos de trabajo a costa de reducciones de jornada o ajustes dentro de la empresa. La toma de una decisión de este tipo de forma unilateral seguiría igual que hasta ahora, pero se introducen cambios para modificar derechos reconocidos por convenio cuando haya acuerdo con los trabajadores.
Claves de un fracaso previsible
Puntos de acuerdo
- Empleo juvenil. Varias medidas orientadas a favorecer la entrada de los más jóvenes en el mercado laboral, suavizando las exigencias que se imponen a los contratos de formación y de prácticas, entre otras. El problema está en la letra pequeña: el Gobierno propone ampliar el plazo de edad desde los 21 años actuales a los 24. Más de lo que quieren los sindicatos y menos de lo que pedía la patronal.
- Modelo alemán. Había pacto para una flexibilización que permitiese mantener el empleo a costa de reducciones de jornada o renuncias parciales de los trabajadores en situaciones adversas, pero siempre que hubiese acuerdo entre las partes.
Y de desacuerdo
- Las causas del despido. La patronal ha insistido en redefinir los conceptos por los que un despido puede ser considerado procedente por razones objetivas (económicas, tecnológicas, organizativas y productivas), teniendo así que pagar sólo 20 días por año trabajado en lugar de 45. Los sindicatos se han negado en todo momento a cualquier modificación en este sentido.
- Más barato. La patronal venía reclamando que el despido en España era demasiado alto, lo que encarecía los costes laborales y desincentivaba la contratación. Por eso había pedido nuevas modalidades de contrato, como uno para jóvenes sin ninguna indemnización por despido.
Otra negociación igual de difícil
Ante el fracaso del diálogo social, los partidos tendrán que decidir si dan su apoyo a la reforma del Gobierno. Una negociación que se presenta igual de difícil que otras anteriores, como la aprobación del plan de recortes para reducir el déficit, aunque en esta ocasión todos coinciden en que es necesaria.
En este sentido, el PP aseguró este jueves que está dispuesto a dialogar, aunque lamentó que el Gobierno dé prioridad a otros grupos, en relación a la intención del Ejecutivo de pactar con CC, CiU y ERC.
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