Los programas que se financiarán con este dinero se dedicarán a la prevención, con acciones dirigidas a las personas o grupos en mayor situación de vulnerabilidad o con mayor dificultad de acceso a los servicios.
Por ello, se subvencionarán programas de prevención en usuarios de drogas por vía parenteral y sus parejas; de la transmisión sexual en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres; en inmigrantes; en personas que ejercen la prostitución; en jóvenes; y en personas con infección por VIH (prevención positiva).
Además, para contribuir a la disminución de desigualdades en salud, al menos el 70 por ciento de las acciones se desarrollarán en áreas de trabajo de bajo nivel socioeconómico. En la elaboración de estos programas, también se tendrá en cuenta la perspectiva de género y la especial vulnerabilidad de la mujer a la infección por VIH.
Igualmente, para reducir el número de personas sin diagnosticar y con vistas a su control, se incluirán acciones de diagnóstico precoz de la infección por VIH y se llevarán a cabo acciones específicas para la lucha contra el estigma y la discriminación de personas afectadas.
Cada comunidad autónoma destinará al menos el 20 por ciento de los fondos transferidos a la creación de nuevos puestos de trabajo y/o mantenimiento de los existentes, cuya finalidad sea la de ejecutar estos programas.
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