El comisario de la quiebra de Socueva, Antonio Relea, ha asegurado este lunes que la constructora estaba ya en quiebra a 31 de diciembre de 2000, meses antes de la salida de los hermanos Javier y Miguel Mirones de la empresa y casi un año antes de que la compañía cesara su actividad y fuese embargada y tras haber sido objeto de "despatrimonialización" por parte del Grupo Cota.

Relea, que ha sido el primero de los testigos de este juicio, que este lunes celebra su cuarta sesión en la Audiencia Provincial, se ha mostrado "convencido" de ello y ha afirmado tener "muchos indicios sólidos" y "tozudos" pese a que, cuando en 2004 fue nombrado comisario de la quiebra, no pudo examinar la contabilidad de la constructora, sólo documentación "incompleta" y "sumamente escueta".

El comisario que declaró fraudulenta la quiebra ha relatado que cuando solicitó la contabilidad a los que habían sido algunos de los administradores de Socueva, entre otros, a Miguel Tausía —que lo fue hasta el final— y Miguel Mirones —que vendió sus acciones a finales de junio del 2001—.

En cuanto al otro hermano Mirones, Javier, su cese se produjo formalmente el 19 de febrero del 2001, con lo que su salida también es posterior a la fecha en la que, según Relea, la empresa entró en quiebra.

Según el comisario de la quiebra, Miguel Mirones y Miguel Tausía le dieron, a su juicio, excusas para no facilitársela, entre ellas un "error informático absolutamente insubsanable".

"Nadie la tenía (la contabilidad)", ha afirmado Relea, que, además, ha señalado que la documentación que le aportaron Tausía y Mirones sobre el estado la empresa, además de "escueta" e "incompleta" era "totalmente contrapuesta", ya que los datos facilitados por el primero mostraban una "quiebra clarísima" ya a 31 de diciembre de 2000 y la del segundo unas circunstancias de "clara bonanza económica".

En su declaración, ha narrado que, por la documentación que pudo consultar sobre la situación de la compañía en el 2000, se desprende que su principal activo eran créditos pendientes de cobro de deudores, que, según ha dicho, suponían más del 80 por ciento del total, una situación que "no es habitual" pero tampoco la puede calificar de "anormal".

Relea ha detallado que, posteriormente, desde mediados de julio de 2001, la situación de incumplimiento en el pago por parte de Socueva se generalizó.

El grupo cota,

"perfectamente conocedor" de la situación de socueva

En julio de ese año, el Grupo Cota firmó un contrato con Socueva para su "gestión integral", lo que, según Relea, convirtió a este grupo en "administrador de hecho" de la constructora.

Esta declaración contrasta con lo afirmado en sesiones anteriores por el administrador de Cota, Miguel Martínez de la Hidalga, que es otro de los acusados, quien señaló que su empresa sólo asesoró a Socueva, que era administrada por Tausía.

A preguntas del fiscal y de la acusación particular, ha añadido que el Grupo Cota "se encontró" en ese momento una empresa ya "quebrada", algo de lo que era "perfectamente conocedor" e intentó "aprovecharse" de ello.

En su opinión, Cota intentó quedarse con el negocio de Socueva y "beneficiarse" de los créditos pendientes de cobro de los deudores, que eran el principal activo de la constructora, pero "el negocio no salió bien".

Ha afirmado que "no encuentra sentido" a que la cesión de créditos de Socueva al Grupo Cota se efectuase para gestionarlos y facilitar el pago a los proveedores de la constructora a los que se debía, como afirmó en su declaración de hace unos días Martínez de la Hidalga.

Relea sí ha apuntado a la posibilidad de que con esta cesión de créditos sí pretendiese evitar que estos activos de Socueva fuesen embargados.

De hecho, Relea se ha atrevido a calificarlo de una maniobra de "despatrimonialización" de Socueva, una actuación que, según ha dicho, no puede asegurar que se llevase a cabo con el "desconocimiento" de Tausía, que era su administrador de derecho.

En este juicio, están acusados por delitos societarios Miguel Mirones, expresidente de la patronal cántabra; Javier Mirones, y Miguel Tausía, como administradores de la empresa, para los que el fiscal pide un año de prisión.

La Fiscalía solicita también para Tausía cuatro años de prisión por un delito de insolvencia punible, los mismos que pide para Miguel Martínez de la Hidalga e Inés Serna, del Grupo Cota, por, supuestamente, llevar a cabo un plan para vaciar patrimonialmente la constructora.

Para éstos tres últimos, el fiscal solicita una multa de 7.200 euros y el pago de unas indemnizaciones de más de tres millones de euros por el "perjuicio", a su juicio, generado a las acreedoras que, en este juicio, conforman la acusación particular, entre las que figura la Tesorería General de la Seguridad Social.

Tras Relea, han declarado en la sesión de este lunes más testigos —hay citados una treintena esta semana—, entre ellos un técnico que realizó un informe sobre la situación contable de Socueva y un empleado de una empresa que trabajó con esta constructora.

En las posteriores sesiones, se continuará con la declaración de los testigos, entre ellos, más representantes de empresas que contrataron con Socueva para distintas obras; proveedores y síndicos de la quiebra.