El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara ha asegurado estar estudiando si desde el punto de vista jurídico los pliegos del concurso para adjudicar el nuevo contrato de recogida de basuras y limpieza viaria se ajustan a la legalidad vigente, por la posible "falta de concordancia" entre el plazo de adjudicación y el tipo de contrato elegido.

En caso de que el Grupo Socialista considere que los pliegos no se ajustan a la legalidad, podría presentar un recurso ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales a lo largo del presente mes de enero, según ha informado el propio partido en nota de prensa.

Las dudas de los socialistas sobre la legalidad del pliego de condiciones se basan en la posible "falta de concordancia" entre el plazo por el que el alcalde, Antonio Román, quiere adjudicar estos servicios —15 años— y el tipo de contrato elegido, ya que aseguran que si se trata de un 'contrato de servicios', "la duración del mismo no podría exceder de cuatro años con una posible prórroga de dos años más".

Según los socialistas, "al pretender adjudicarse por un periodo de 15 años, debería tratarse de un 'contrato de gestión de servicios públicos mediante concesión', modelo que obliga a que la empresa concesionaria corra con el riesgo de la gestión del servicio, algo que con estos pliegos de licitación es dudoso que esté garantizado", ha explicado la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Magdalena Valerio.

Un "peor servicio"

Al margen de la decisión que finalmente adopte el Grupo Socialista sobre un posible recurso contra los pliegos de licitación, Valerio ha anticipado que "con estos pliegos, Román aboca a los vecinos de Guadalajara a tener un servicio de recogida de basuras y limpieza de peor calidad que el actual y sin ahorro alguno", repitiendo "exactamente lo mismo que está pasando con los autobuses urbanos".

En este sentido, la socialista ha explicado que "Román no ha establecido unos requisitos mínimos que la empresa adjudicataria deba cumplir ni en cuanto al número de trabajadores, ni al número de contenedores y su ubicación, ni a la frecuencia de la limpieza de las calles, ni al tiempo de respuesta ante las incidencias que se produzcan".

Por el contrario, desde el PSOE aseguran que "no se producirá ningún ahorro para las arcas municipales porque en tres o cuatro años deberá renovarse una gran parte de los vehículos y la maquinaria del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras", y "eso saldrá del bolsillo de la ciudadanía", ha advertido la portavoz socialista.

Según Valerio, al aportar el Ayuntamiento los 34 vehículos de los que dispone, el Consistorio "ha podido fijar el precio del contrato en 8,4 millones de euros al año, pero tras más de 12 años de uso, es previsible que en cuatro años haya que renovarlos, y en el pliego de condiciones no está recogido el gasto que eso supondrá, lo que podrá incrementar el coste del contrato en hasta un 20 por ciento, o lo que es lo mismo, 1,4 millones de euros más al año".

Asimismo, desde el PSOE han declarado que "el pliego contempla una reducción del 4,4 por ciento en los gastos de personal del servicio de limpieza viaria en los primeros cuatro años de la nueva adjudicación", y en el conjunto de los 15 años de concesión del servicio, el pliego "únicamente prevé un aumento total del 6 por ciento del gasto de personal".

"filosofía contraria a la sostenibilidad"

Por otra parte, el Grupo Socialista considera que Román fomenta con este pliego de condiciones "una filosofía contraria a la de tener una ciudad sostenible", ya que "la empresa adjudicataria cobrará más cuantas más toneladas de residuos recoja, por lo que le interesará que cuanta más basura haya en la calle, mejor", ha indicado la portavoz del PSOE, cuando "el objetivo del Ayuntamiento debe ser que se ensucie menos porque el recurso más barato de gestionar es el que no se genera".

Además, Valerio ha calificado de "insuficientes" los medios de control municipal sobre la prestación del servicio "al haber únicamente dos personas dedicadas a esta tarea" y ha criticado por "excesivo" el peso que se concede a "valoraciones subjetivas" de las ofertas que puedan presentarse.