El PP-A ha puesto de manifiesto este miércoles sus sospechas sobre una "hipotética financiación ilegal" del PSOE-A, mediante una línea de ayudas concedidas a ayuntamientos socialistas y a empresas "fantasmas", con cargo al "fondo de reptiles", es decir, la partida 31L de ayudas sociolaborales.

En rueda de prensa, la portavoz de Empleo del PP-A en el Parlamento, Teresa Ruiz Sillero, ha exigido explicaciones al Gobierno andaluz y su presidente, José Antonio Griñán, sobre el hecho de que 12 ayuntamientos gobernados por el PSOE-A, a excepción de uno de IULV-CA, recibieran un total de 3,3 millones con cargo a dicho "fondo de reptiles", y que 100 empresas, muchas de ellas "fantasmas" por no tener actividad, obtuvieran también 68,7 millones. Ha apuntando que la mayoría de dichas empresas mantenían "vínculos con altos cargos" del PSOE-A.

Según ha explicado Ruiz Sillero, con cargo al "fondo de reptiles", se concedieron 17 ayudas, por un importe global de 3,3 millones de euros, a 12 ayuntamientos —todos gobernados por el PSOE-A, excepto el de Santiponce (Sevilla), en manos de IUlV-CA—, en torno a las elecciones municipales del año 2003.

Ha puesto como ejemplo, entre los importes de mayor cuantía, la ayuda de 900.000 euros que recibió el Ayuntamiento de Los Palacios (Sevilla) para un centro hípico que nunca llegó a construirse, o los 871.400 euros que le fueron concedidos al Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto, recordando que el que fuera su alcalde Domingo Martínez Castillo fue uno de los "intrusos" en una empresa acogida a un ERE.

La portavoz popular ha puesto además el acento en que esos ayuntamientos estaban ubicados en las provincias de Sevilla, Jaén y Cádiz, un "eje con clara influencia del sector duro del PSOE-A". Ha indicado que no tiene "explicación lógica ni encuadre legal" que, con cargo a una partida que estaba destinada a resolver cuestiones sociolaborales, se concedieran ayudas a ayuntamientos para proyectos que ni siquiera se llevaban a cabo.

De hecho, ha puesto de manifiesto que cuando la Junta ha solicitado el reintegro de esas ayudas una vez que salió a la luz el caso de las irregularidades en los ERE, el preceptivo informe del Consejo Consultivo para llevar a cabo esa actuación, dictaminó la "nulidad" de varias de esas ayudas a ayuntamientos, al concederse "prescindiendo del procedimiento".

En cuanto a las ayudas a empresas, ha expuesto que fueron un total de 122, concedidas a cien empresas, por importe de 68,7 millones de euros, ubicadas en las provincias de Sevilla (80 ayudas del total), Córdoba, Málaga

y Cádiz.

Ha puesto como ejemplo los 15 millones de euros que recibieron las empresas de José Enrique Rosendo, hijo del exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla), y de su socio y exconcejal socialista José María Sayago. Ha apuntado que de esa cantidad, 12,5 millones fueron a empresas "fantasmas" que no llegaron a tener actividad alguna.

También ha aludido a los 13,5 millones que fueron a empresas del exalcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) el socialista Ángel Rodríguez de la Borbolla. Teresa Ruiz Sillero ha puesto el acento en que se trataba de un conjunto de empresas "vinculadas" a altos cargos del PSOE-A y a personas como el "camello de la coca o el chófer" del exdirector general de Empleo Francisco Javier Guerrero.

Con estos datos sobre la mesa, el PP-A ha expresado que "quizá estemos hablando de un hipotético caso de financiación ilegal del PSOE-A". Ha pedido explicaciones urgentes al Gobierno andaluz, porque no se puede quedar más tiempo sin justificar ayudas con cargo a la partida 31L, por importe de 68,7 millones, a empresas "fantasmas", que ni tenían actividad ni creaban puestos de trabajo.

Asimismo, ha preguntado a PSOE-A e IULV-CA qué tienen que "ocultar" en relación con la concesión de esas ayudas a ayuntamientos y empresas, cuando "vetaron" las comparecencias, en la comisión de investigación de los ERE del Parlamento, de los alcaldes y empresarios que las recibieron.

Asociaciones de trabajadores pagadas por uniter

De otro lado, la portavoz del PP-A ha exigido también explicaciones al presidente de la Junta sobre las reuniones de "brokers" de UGT y CC.OO con el administrador único de Uniter, José González Mata (imputado en el caso de los ERE), y acerca del funcionamiento de las "asociaciones de trabajadores" que se crearon en municipios donde se estaba produciendo un ERE y que tenían un coste de mantenimiento anual de dos millones de euros o incluso de cuatro millones.

Ruiz Sillero ha sacado a la luz durante la rueda de prensa algunas de las manifestaciones que González Mata hizo durante su comparecencia ante la comisión de investigación de los ERE el pasado 20 de septiembre de 2012. Se ha referido al hecho de que el administrador de Uniter pusiera de manifiesto en su comparecencia que él mantenía contacto con los sindicatos UGT y CC.OO y que, en el 80 por ciento de las negociaciones, siempre estaban presentes representantes de dichos sindicatos a nivel nacional, a los que calificaba de "brokers". Según Ruiz Sillero, el administrador de Uniter puso dos nombres sobre la mesa, Félix González, de UGT, y Rafael Crespo, de CC.OO.

Ha indicado que uno de los asuntos que se abordó en una de esas reuniones fue el de la creación de asociaciones de trabajadores en distintos puntos de Andalucía con un conflicto laboral, como en Linares (Jáen) —por Santana Motor—; en Valverde del Camino (Huelva), por la Faja Pirítica— en Sevilla, por Pickman u otros conflictos; en Cádiz, por Delphi, o en Jerez de la Frontera (Cádiz), por las pólizas de las bogedas.

Ruiz Sillero ha agregado, que de acuerdo con las palabras de González Mata, dichas asociaciones se constituía como un servicio de asesoramiento jurídico o laboral para los trabajadores y que eran "pagadas por Uniter", aunque siguiendo "instrucciones y a instancias" de la Junta y los sindicatos.

En concreto, se trata de unos 30 millones de euros los que se destinaron al mantenimiento de esas asociaciones de trabajadores, pagados por Uniter, pero creadas "a instancias de la Junta y de los sindicatos", según la portavoz del PP-A, quien ha indicado que, por ejemplo, la de Linares contaba con un gerente y trabajadores puestos por los sindicatos.

Ruiz Sillero también ha ofrecido otro dato sobre este asunto, como el hecho de que, con cargo a la partida 31L, se concedieron 800.000 euros para pagar parte de la deuda que se mantenía por el mantenimiento de esas asociaciones. "González Mata amenazaba con cerrarlas, pero a la Junta le interesaba mantenerlas y, por ello, se hizo esa pago". A su juicio, se trata de una "irregularidad" más con cargo al "fondo de reptiles".