Representantes del personal funcionario de la Xunta y de las áreas de función pública de los sindicatos han señalado que la prioridad para el nuevo Gobierno en esta materia debe ser evitar que haya recortes de personal en la administración autonómica y han pedido "reparar el daño hecho".

Así, para la presidenta de la junta de personal de los servicios centrales de la Xunta, Pilar de Celis, la Xunta tiene en esta nueva legislatura "el reto de que no haya despidos" en la administración pública.

Los representantes de los trabajadores públicos, ha destacado en declaraciones a Europa Press, "siempre" mantienen la demanda de que se cubran las plazas que quedan vacantes por jubilaciones y otros movimientos, pero en la situación actual "lo más acuciante es que la gente no pierda los puestos de trabajo" aplicando la reforma laboral a las administraciones públicas.

A mayores, los trabajadores de la Xunta desean que "no se aplique o que se derogue" la ley de medidas temporales para los empleados públicos, aprobada a inicios de 2012, y que incluye, entre otros aspectos, reducir la aportación al personal de baja o aplicar una reducción de jornada a personal interino. De hecho, en este sentido, De Celis ha dicho que temen que todos los puntos se apliquen en 2013 y ha indicado que en 2012 algunos no se han puesto en práctica.

Dado que la conselleira competente en materia de función pública, la responsable de Facenda, continuará siendo Elena Muñoz, De Celis le ha pedido que "cambie de rumbo" en sus políticas. Además, ha reclamado al Gobierno gallego que pague la extra de Navidad en Galicia, para lo que los empleados públicos están recogiendo firmas, ha recordado.

Por su parte, Ramiro Otero, de CC.OO., ha dado por hecho que "las políticas no van a cambiar mucho", puesto que el Gobierno "va a tener continuidad". Por ello, ha expuesto, el sindicato mantendrá también "las mismas" demandas, que pasan por pedir a Xunta y Ejecutivo central que no "criminalicen a los empleados públicos".

"Se nos puede plantear en cualquier momento una reducción de personal", ha avisado y ha manifestado que espera que "esos pasos no se den" y, por la contra, "se cambien las políticas y se apliquen recortes en otros lados, como en los grandes capitales".

Hacer los deberes

Por parte de UGT, José Vázquez, ha resumido las postura del sindicato exigiendo que "se dejen de recortes y empiecen a reparar el daño hecho". "Que hagan los deberes y en estos presupuestos no sean tan restrictivos como en las anteriores", ha reclamado.

Sobre la posibilidad de un ERE en la administración, Vázquez ha incidido en el rechazo a esta medida y ha indicado que su intención es que no se aplique. "Para eso la administración tiene que hacer bien los deberes", ha dicho.

El presidente de CSI-CSIF en Galicia, José Francisco Méndez, ha situado como prioridad terminar con "la imposición" y "abrir ya el diálogo social" para tratar de pactar medidas de austeridad con los sindicatos.

"funcionarización" de personal laboral

Además, ha apostado por acometer procesos de "funcionarización" del personal laboral, que en algunos casos "ocupa puestos de funcionario". En este sentido, ha saludado la propuesta del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, de convertir por ley a 6.000 laborales en personal funcionario, pero ha pedido ampliarla a las administraciones locales y ha recordado que el sindicato promueve iniciativas de este tipo en toda España.

El "precedente" más inmediato, ha apuntado, fue el proceso acometido en la época del bipartito con el personal de las fundaciones sanitarias.

Méndez ha destacado que con la nueva legislación laboral el personal laboral es "colectivo de alto riesgo", puesto que se le podía aplicar un ERE.