La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha aprobado este jueves en el Consejo de Gobierno regional los anteproyectos de ley que suprimirán el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social (CES) de Castilla-La Mancha, dentro del plan de austeridad prometido por Maria Dolores de Cospedal.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el consejero de Empleo y portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, ha anunciado la supresión de estos organismos como medida del "austeridad" y para "racionalizar gastos".

Según el consejero, la supresión del CES supondrá un ahorro anual para la Junta de 1.113.000 euros, mientras que la supresión del Defensor del Pueblo ahorrará 2.563 euros por cada uno de las 1.171 expedientes o reclamaciones que se tramitan anualmente en la región, lo que supone cerca de 3 millones de euros.

Leandro Esteban ha explicado la necesidad de suprimir el Defensor del Pueblo en la región porque se trata de un servicio que está "duplicado" con la figura de Defensor del Pueblo en España.

En este sentido, ha comparado el servicio regional, que con 28 profesionales atiende 1.171 tramitaciones a un coste individual de 2.563 euros cada una, con el servicio nacional de esta figura, que con algo menos de 200 profesionales tramita más de 34.000 casos con un coste de 437 euros cada uno.

Según el portavoz, estas cifras son "suficientemente claras y elocuentes", ya que suponen un coste de "casi siete veces más de lo que implica cada uno de los procedimientos a nivel nacional" realizados por el Defensor del Pueblo.

El ces no funcionó

En relación a la retirada del CES, Leandro Esteban ha explicado que además del ahorro que supondrá, el organismo ha tenido por función "informar de aquellos asuntos y proyectos de ley que tuviesen un claro contenido económico y social en nuestra región" algo que no hizo ya que "en el ámbito legislativo no emitió informe alguno".

El portavoz ha asegurado que el CES ha estado "incumpliendo su propio objeto fundacional", ya que "no ha querido informar" sobre la reforma de la ley de cajas, la ley de ordenación del territorio o la legislación aplicable a la Radio Televisión de Castilla-La Mancha.

Por estas razones, según Leandro Esteban, "en un momento en el que el Gobierno no está para fiestas y despilfarro, lo más aconsejable" es suprimir estos organismos.

Recorte de personal eventual

Por otro lado, en el Consejo de Gobierno se ha aprobado también decreto por el que se modifica la relación de puestos de trabajo reservados al personal funcionario y eventual de la administración de la Junta.

Esto supone, tal como ya se anunció anteriormente, una reducción de 54 puestos eventuales, quedando así 80 de los 134 de la anterior legislatura, un 40 por ciento menos.

Según Leandro Esteban, esta medida supone la "profesionalización" y "despolitización de la administración regional", a la vez que los "profesionales adquieran más protagonismo", lo que supondrá un ahorro de más de tres millones de euros anuales, 12 millones en toda la legislatura.