Si no se venden viviendas, si por lo tanto se construyen pocas, habrá que remozar las existentes. Es el plan para relanzar la construcción. No parece haber otro. Ya lo propuso para España el Ministerio de Fomento, y ahora lo hace desde Bruselas la Comisión Europea (CE).

El Ejecutivo de la Unión Europea apuesta por la renovación de edificios para hacerlos más eficientes como el camino a seguir para impulsar la construcción en la Unión Europea, según la estrategia que acaba de anunciar.

Este plan a diez años contempla el uso de fondos europeos estructurales y de cohesión en la financiación de las renovaciones para fomentar la eficiencia energética y las renovables en la construcción, así como préstamos con recursos del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

La CE aboga por adoptar a nivel nacional y europeo políticas que promuevan tanto la demanda como la inversión en la construcción, ya que esta última y la innovación se mantienen en cotas bastante bajas respecto a otras industrias.

El sector de la construcción supone un 10% del Producto Interior Bruto de la UE y genera 20 millones de empleos entre puestos de trabajo directos e indirectos, según los datos de la CE.

El Ejecutivo europeo quiere que el sector de la construcción recupere la competitividad perdida a través de una mayor innovación en ámbitos como la eficiencia energética (edificios que consuman poca energía y que se acerquen hacia la autosuficiencia) o la adaptación al cambio climático.

Esta cuestión podría ser especialmente interesante en países donde la construcción tiene un peso importante en la economía, ya que éste se ha visto fuertemente afectado por la crisis económica y financiera, y la consecuente caída de la demanda.

Según Bruselas, el estallido de la burbuja inmobiliaria fue uno de los desencadenantes de la crisis de la construcción. España, que ha visto reducida la actividad de la construcción en un 49% entre 2007 y mediados de 2011, es uno de los países más afectados por esta situación, junto a Irlanda.

Sin embargo, los Veintisiete ya se mostraron reacios a asumir compromisos en materia de renovación de edificios durante las recientes negociaciones de la nueva directiva de eficiencia energética, que finalmente obliga a cada país a mejorar cada año un 3% de los edificios del Gobierno central para hacerlos más eficientes.

El documento asegura que el sector también está sufriendo por la entrada de competidores extranjeros en la Unión Europea, mientras que las empresas comunitarias a menudo compiten en desigualdad de oportunidades en el extranjero debido a un clima empresarial "injusto".