El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha acordado el archivo de las diligencias de investigación que abrió tras la denuncia por el Gobierno vasco de un supuesto fraude de 23 millones en una quincena de contratos informáticos suscritos por el Departamento de Justicia del Ejecutivo autonómico entre 2000 y 2009. La Fiscalía, que considera que no se han acreditado hechos constitutivos de delito, indica que los delitos que podrían haberse cometido serían el de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, pero dice que "no se dan los requisitos" necesarios para interponer denuncia.

El Ejecutivo autonómico presentó en la Fiscalía el día 9 de febrero la documentación sobre supuestas irregularidades detectadas en algunos contratos informáticos, entre ellas, que se habían pagado trabajos no realizados y que muchas de las aplicaciones informáticas habían sido contratadas y pagadas varias veces.

Asimismo, apuntaba que las presuntas responsables de estas irregularidades serían la exdirectora de Relaciones con la Administración de Justicia, Inmaculada De Miguel, y la responsable del Departamento de Informática y 'número dos' de ésta, Ana Isabel Molina.

DELITOS

Calparsoro entiende que los delitos que podrían haberse cometido serían el de malversación de caudales públicos, ya que se estaría destinando un dinero público a unos fines diferentes de los previstos y, por otra parte, apunta que podría haberse cometido un delito de prevaricación administrativa, "siendo las principales responsables la Directora de Relaciones con la Administración de Justicia y la Jefa del Servicio de Informática Judicial". Por su lado, las empresas informáticas Ibermática e Indra, a las que se adjudicó los trabajos, "habrían sido en todo caso partícipes de esos delitos".

Sin embargo, el Fiscal Superior del País Vasco considera que "no se dan los requisitos necesarios" para interponer denuncia o querella ante el Juzgado de Instrucción contra las citadas personas.

En concreto, el Fiscal recuerda que el delito de prevaricación administrativa exige que la resolución administrativa arbitraria sea dictada por el funcionario público o autoridad "a sabiendas de su injusticia, es decir, que solo cabe su comisión dolosa".

En este sentido, Calparsoro asegura que las explicaciones y argumentaciones de Inmaculada de Miguel y de Ana Molina permiten "razonablemente deducir" que en su actuación administrativa como responsables de las contrataciones informáticas "no actuaron con conocimiento o conciencia de la injusticia de las resoluciones administrativas que adoptaron".

El Fiscal Superior afirma que, en este caso y a la vista de las explicaciones dadas por las denunciadas y de su 'modus operandi', se puede considerar razonable que "desconocieran esa injusticia y arbitrariedad".

Respecto al delito de malversación de caudales públicos, recuerda que exige ánimo de lucro propio o ajeno y que, si no se prueba o consta el conocimiento o conciencia de la injusticia de la conducta, tampoco se puede entender que se ha cometido el delito de malversación de caudales públicos.

Descartado el enriquecimiento

El Fiscal afirma, al respecto, que la investigación de la Unidad de Delitos económicos de la Ertzaintza descarta pruebas o indicios de un posible enriquecimiento de las dos responsables del Gobierno o de sus más próximos allegados.

A su juicio, este dato también es importante porque permite dudar, "de manera razonable", de la existencia de una conciencia o un ánimo "ilícitos" en su actuación como servidoras públicas.

Por otra parte, indica que los responsables de las empresas informáticas, además de no poder ser autores materiales de esos delitos, no consta, a su juicio, que incurrieran en hechos calificables como delito.

Informes denunciadas

Calparsoro explica que ambas denunciadas han presentado en la Fiscalía sendos informes, donde explican las actuaciones en que se sustentaban las contrataciones informáticas y en los que "niega la realidad de los hechos denunciados". Ambas señalan que los contratos han seguido su tramitación "según la legalidad" y que existían varios controles administrativos dentro del Departamento.

En concreto, Ana Molina, además de negar las acusaciones, manifiesta que los informes técnicos se basan "en extrapolaciones e hipótesis, llegando por este motivo a conclusiones falsas".

Por su parte, los responsables de informática judicial de Indra y de Ibermática negaron también sustancialmente las acusaciones, sosteniendo que "se basan en errores por confusión de conceptos".

Respecto a los pagos anticipados explican los denunciados que coincidían con periodos de final de año y se realizaban por la necesidad de la Administración de gastar las partidas que se recogían en el presupuesto del año. Asimismo, manifiestan que los trabajos se realizaban posteriormente y se registraban en las cuentas anuales como pagos anticipados similares a una provisión de fondos.

Calparsoro cree que este caso es un tema relativo al ámbito de las responsabilidades administrativas y mercantiles, "cuyo cauce de solución debe ser distinto del Derecho Penal".

El Fiscal apunta que las relaciones entre las empresas proveedoras de servicios y las Administraciones contratantes están sometidas a unas reglas y a unos controles de la propia Administración y señala que prueba de ello son las negociaciones que las empresas mantuvieron y mantienen actualmente con los responsables de Justicia del Gobierno Vasco para regularizar las entregas de los aplicativos informáticos objeto de los contratos.

Esas negociaciones concluyeron con dos Memorias de regularización de la contratación informática así como dos documentos unilaterales de asunción de obligaciones y reconocimiento de deuda de esa misma fecha firmados por la UTE Indra-Ibermatica y por Ibermatica. En esos documentos las empresas se comprometen a entregar los aplicativos que no se habían cumplido y la Administración se comprometía a pagar unas sumas económicas por servicios de mantenimiento prestados por las empresas.

En junio de 2012 la actual viceconsejera de Justicia ha dado por debidamente cumplidos los contratos referenciados en el documento de asunción de obligaciones suscrito por Ibermatica. Respecto a los contratos que corresponden a la UTE existen actualmente "discrepancias de criterio" entre el gobierno Vasco y las empresas sobre ese cumplimiento.

En este sentido, indica que se están utilizando procedimientos de manera "diligente" por los responsables del Departamento de Justicia, para restaurar el "posible perjuicio" causado por las actuaciones administrativas objeto de las diligencias.

El fiscal subraya el "esfuerzo encomiable" del actual Departamento y de sus viceconsejeros, el fallecido José Manuel Fínez y Victoria Cinto, para lograr un control de los recursos, de manera que las empresas se han "visto obligadas" a cumplir con "exhaustividad" las entregas objeto de esos contratos. Calparsoro apunta que, durante los años, que se corresponden con esos contratos no parece que se actuara "con el mismo nivel de exigencia" por la Administración responsable, y más en concreto por Inmaculada de Miguel y por Ana Molina.

Por todo ello, acuerda el archivo de estas diligencias de Investigación al no haberse acreditado hechos constitutivos de delito. El Fiscal ha comunicado este decreto de archivo al Consejo de Gobierno del País Vasco advirtiéndole de su derecho a reiterar la denuncia ante el Juez de Instrucción.