El Consejo de Gobierno ha aprobado el Código de Buenas Prácticas para una gestión eficiente de la Administración regional, cuya finalidad es promover el ahorro y la cultura de austeridad entre los directivos y empleados de la Administración regional, y que supondrá un ahorro anual estimado en los 250.000 euros.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotica, ha explicado que en el manual se recogen una serie de prácticas que permiten generalizar procedimientos, programas y criterios en el trabajo diario de los diferentes departamentos de la Administración.

Así, para reducir los gastos de funcionamiento en los edificios administrativos, se limitarán los horarios de las instalaciones y se racionalizará el material de oficina y los servicios de telecomunicaciones.

Igualmente, el manual fijará los criterios para el alquiler de locales, para hacer un uso racional de la iluminación, para redistribuir los espacios administrativos, para fomentar la seguridad electrónica en vez de la presencial para ahorra costes, y para centralizar los servicios de energía y mantenimiento.

De la misma forma, incluye la recomendación del uso racional de los teléfonos móviles y fijos, así como su sustitución preferentemente por correos electrónicos y se limita el uso de coches oficiales, entre otros aspectos.

Sotoca ha explicado que el no cumplimiento de estas pautas no conllevaran sanciones, ya que "son normas enmarcadas dentro de lo moral y lo correcto" no dentro de la legislación.

Sin embargo, ha manifestado "lo aprobado en el consejo de gobierno exige a todos los empleados públicos que lo cumplan", aunque ha añadido que "si se da el caso en el que alguno no lo cumple, puede enfrentarse ante algún tipo de falta y puede perseguirse".

Centralización contratación energética

Asimismo, se centralizará la contratación de los servicios de energía y mantenimiento informático de todos los centros de la Administración regional, y se potenciarán los desplazamientos compartidos.

El objetivo es conseguir una Administración en la que el ahorro, la eficiencia y el compromiso en la buena gestión constituyen la garantía de los servicios públicos al ciudadano.