La expresidenta del Parlament y del Consell, Maria Antònia Munar, ha llegado a los Juzgados de Vía Alemania en torno a las 9:20 horas a declarar en el marco de la pieza 13 del caso Voltor, a pesar de que el pasado viernes la imputada solicitó, mediante un escrito presentado por su procurador, la suspensión de su comparecencia a tenor de su delicado estado de salud y del tratamiento médico al que está sometida. Ese mismo día la magistrada dictó una providencia para rechazar la petición de la exdirigente histórica de UM, para quien mantiene su comparecencia.

Asimismo, la magistrada interrogará a lo largo de esta semana al expresidente de la extinta Unió Mallorquina, Miquel Àngel Flaquer, al exconseller de Juventud y Deportes del Govern, Mateu Cañellas, la excandidata 'uemita' a la alcaldía de Calvià María José Rodríguez y al exdirector insular de Relaciones Institucionales, Josep Lliteres, en el marco del mismo fleco de la causa, que indaga la contratación presuntamente irregular de militantes de UM a través del Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma), dependiente del Consell.

En concreto, este lunes también está citado el propietario del bar Can Lluc, presuntamente vinculado a UM, mientras que este martes está fijada la declaración de Rodríguez y Lliteres; el miércoles de Flaquer y Cañellas y el jueves la del también encausado Pedro Mir.

Las investigaciones de esta pieza apuntan a que, pese a estar a sueldo de la empresa dependiente del Consell, los militantes de UM no llegaron a acudir a su puesto de trabajo sino que se habrían limitado a trabajar para el partido nacionalista. Es más, las pesquisas indagan si ex altos cargos insulares, entre ellos su ex vicepresidente, Miquel Nadal, favorecieron la contratación irregular de estos militantes 'uemitas' con motivo de la puesta en marcha de los proyectos Infomallorca, EIEL y Mallorca Digital, que habrían servido para camuflar su colocación.

La jueza ya interrogó a varios de estos empleados 'fantasma' a petición del fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán después de que el ex gerente del Cilma, Eugenio Losada, aportase a la magistrada un listado y varios correos electrónicos en los que figuraba el nombre de estos trabajadores presuntamente colocados a instancias de los ex altos cargos de UM.

En total, según la documentación entregada por Losada -también imputado-, un total de 34 empleados fueron contratados para trabajar en las tres iniciativas cuyo coste, con cargo a las arcas del Cilma, oscilaba entre los 110.000 y los 190.000 euros anuales. En concreto, los fondos públicos destinados a Infomallorca eran 190.000 euros hasta 2005, año a partir del cual la cantidad se situó en los 167.000 euros anuales hasta 2007. Por su parte, el coste de Eiel en 2007 fue de 110.000 euros mientras que el de Mallorcadigital, el único de los tres que ya no está en marcha, fue de 160.000.

Precisamente, la ex secretaria técnica de Nadal, Eugenia Cañellas, también fue interrogada por estos hechos y afirmó que se encargó de gestionar la contratación de diversas personas afines a UM en el Cilma a instancias tanto de la secretaria personal de Nadal, Antònia Vidal, como, en una de las ocasiones, del entonces director insular de Proyectos, Mateu Cañellas, y del alcalde de Pollença, Joan Cerdà.

Eugenia Cañellas ya había prestado declaración como imputada dentro de otra causa de presunta corrupción, el caso Maquillaje, donde reveló que no sólo Cilma sino también la empresa de informática Minser y la productora Vídeo U pagaron, con dinero público procedente del Consell, a unos 40 asesores y agentes electorales de UM durante la campaña previa a los comicios de 2007, pese a que estos empleados no llegaron nunca a trabajar para estos puestos públicos.

Por el contrario, tanto Nadal como su secretaria personal y la del ex conseller insular de Presidencia, Francesc Buils, se acogieron a su derecho de no declarar ante la jueza del caso Voltor cuando iban a ser interrogados por estos hechos en calidad de imputados. Otras causas, como Picnic y Ossifar, también centran sus investigaciones en la contratación de personas afines a UM a través de distintos departamentos municipales a pesar de que realmente se dedicaban a captar votos para el partido nacionalista.