La Fiscalía Anticorrupción ha designado al fiscal Manuel Fernández Guerra para que, junto al también fiscal Juan Enrique Egocheaga, participe en la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en torno a la posible trama de prejubilaciones fraudulentas detectada en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) consumados por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

En este sentido, las mismas fuentes han precisado que la Fiscalía Anticorrupción ha nombrado a Manuel Fernández Guerra fiscal delegado para la investigación de los ERE supuestamente irregulares, por lo que su trabajo se sumará al que ya desarrolla el fiscal delegado de Anticorrupción en Sevillla, Juan Enrique Egocheaga.

De igual modo, las fuentes consultadas han añadido además que el fiscal asignado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Carlos Bedate, ha dejado, a petición propia, la investigación sobre la posible trama de prejubilaciones fraudulentas detectada en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) consumados por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos.

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, investiga como es sabido esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años para la reestructuración de empresas en crisis. Y es que con la citada fórmula, según la investigación, los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.

Las subvenciones e incentivos otorgados mediante este método, ni siquiera publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez Mercedes Alaya un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancias administrativas" en los expedientes de regulación de empleo promovidos por al menos una treintena de empresas andaluzas con cargo a este fondo de 647.869.157,45 euros.