El abogado del exdirector de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, imputado por la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos, ha asegurado que, "de ser cierto" lo afirmado por el candidato número uno del PSOE sevillano al Congreso de los Diputados, Alfonso Guerra, sobre la "fuerte" relación personal entre la juez y el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), la magistrada "se habría abstenido" de conocer el caso.

Cuestionado por las declaraciones realizadas este miércoles por el histórico dirigente socialista, Fernando de Pablo, letrado de Francisco Javier Guerrero, ha señalado en declaraciones a Europa Press que "no sé a qué se refiere" Alfonso Guerra cuando alude a la "fuerte" relación entre la juez y el primer edil, ya que "desconozco la información que este hombre puede tener", pero ha insistido en que, "de ser cierto" lo dicho por Guerra, la juez Mercedes Alaya "se habría abstenido" de instruir la investigación en torno a los ERE.

En este sentido, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido una nota de apoyo a la juez y ha acordado que la discrepancia con las resoluciones judiciales se debe expresar "a través de los cauces procesales legalmente previstos" y que la crítica de esas resoluciones "no sólo es admisible sino natural y necesaria en un Estado de Derecho". Sin embargo, consideran que "nunca puede trascender esta actitud del comentario crítico jurídico".

Así las cosas, manifiesta que "no resultan de recibo" las referencias que "invaden la esfera personal" a través de "descalificaciones —veladas o explícitas— que atentan contra el respeto que merece la dignidad personal constitucionalmente garantizada"; además, considera que el rechazo a las declaraciones debe ser "mayor" aún cuando, como en este caso, "contienen insinuaciones claramente vejatorias por la condición de mujer" de la magistrada aludida.

"fondo de reptiles"

Hay que recordar que, en su declaración ante la Policía Judicial en diciembre de 2010, Francisco Javier Guerrero Benítez, que rubricó los ERE promovidos en 2003 y 2007 por Mercasevilla, defendió el ERE consumado en 2007 por la empresa mixta alegando el "acuerdo" alcanzado entre la dirección del mercado central y el comité de empresa, porque ante dicho consenso, la Delegación provincial de la Consejería de Empleo "no tiene más remedio" que autorizar el procedimiento. "Si no, es prevaricar", advirtió.

Igualmente, y en cuanto a la financiación de las prejubilaciones acordadas en los expedientes de regulación de empleo de 2003 y 2007, Guerrero negó que las ayudas requiriesen el trámite de "subvención excepcional", porque las ayudas de esta naturaleza "eran un fondo de reptiles para crisis, con un procedimiento distinto, una masa económica para crisis".