La asociación Ecologistas en Acción decidirá el próximo sábado 11 de abril, en asamblea que se celebrará en Fuente de Piedra (Málaga), si recurre ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la totalidad o una parte de las desestimaciones de la Junta andaluza a los recursos de alzada interpuestos contra los concursos mineros provinciales convocados por la administración autonómica en las ocho provincias andaluzas, cuya fundamentación ha sido tachada de "muy pobre" por el colectivo.

Según ha expuesto a Europa Press uno de los coordinadores de área de Minas y Canteras de Ecologistas en Acción, Isidoro Albarreal, la asociación se encuentra, antes de que caduque el plazo a finales de abril, recabando los datos de los concursos mineros provinciales, teniendo constancia de que al menos en Málaga y Córdoba se han quedado desiertos "todos", y en Jaén, "al menos uno".

A juicio de Ecologistas, la Junta resolvió los recursos de manera acelerada ante la convocatoria de las mesas de apertura de sobres con las ofertas mineras, después de que la asociación alertara de que los concursos debían quedar suspendidos por silencio administrativo al no haber respondido la administración en plazo.

Albarreal, de esta forma, calificaba de "absolutamente absurdo" el argumento otorgado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en cuanto a que el concurso no otorga derechos, sino solo la expectativa de tener prioridad en la concesión. De ser así, subraya, ello "da la expectativa a un inversor de obtener un permiso de investigación que al final no podrá concretar porque la normativa ambiental lo prohíbe".

Al igual que ocurriera hace años en el ámbito urbanístico, el portavoz ecologistas entiende que con esta actuación el Ejecutivo andaluz facilita la "especulación minera", consistente en "generar expectativas en los inversores para que luego éstos presionen y se modifique la normativa ambiental".

Ecologistas en Acción pretende ir "uno por uno" con todos los permisos que se vayan adjudicando, pues "no vamos a permitir que se modifique ninguna protección ambiental y que en espacios naturales protegidos se den permisos de investigación".