"La sentencia del Supremo refuerza el trabajo de quienes consideramos que limitar las licencias de VTC no condiciona la libre competencia, sino que es una forma legal de garantizar que perviva la actividad del taxi como un servicio público y de interés general para la ciudadanía, haciéndola compatible con el negocio estrictamente empresarial de las empresas de VTC, legítimo, por supuesto, aunque no puede ir a costa ni en contra el taxi tradicional y de sus profesionales", según ha señalado el delegado.

El Alto Tribunal estima la restricción del Gobierno central que establece 30 licencias de taxi por cada una de VTC y, además, que un 80 por ciento del servicio de VTC se realice en el interior de la comunidad autónoma donde se encuentre domiciliada la autorización de su licencia, "limitando, por tanto, los desplazamientos entre unas y otras regiones en función de picos de demanda, como pueden ser las fiestas locales o regionales", ha explicado Cabrera.

"El objetivo del gobierno de la ciudad de Sevilla es poner en valor la profesionalidad de los taxistas, de ahí el gran trabajo contra el intrusismo que realiza la Policía Local en coordinación con el Instituto Municipal del Taxi, al tiempo que abordamos con los representantes del sector cómo acercar a los ciudadanos a este servicio público esencial para la movilidad sostenible en Sevilla, contribuyendo a su modernización y a la adaptación de los vehículos a las personas con diversidad funcional. Y, a la vez, garantizamos la propia actividad de los VTC dentro del marco legal. En ambas líneas de trabajo persistiremos", ha abundado Cabrera.

"Eso sí, el propio sector del taxi debe darse cuenta de que hay que ir mejorando en excelencia en cuanto al servicio que se presta, el trato a los clientes y el estado del vehículo", ha concluido el delegado.