Císcar ha criticado que el decreto-ley, aprobado por el Consell el pasado viernes, tiene como objetivo "eludir" la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ante el recurso presentado por la Diputación de Alicante.

Sobre la presentación del recurso, Císcar ha apuntado que solo tiene potestad para ello el Gobierno central o un grupo de 50 diputados o senadores. "Estamos en un estudio en profundidad del decreto-ley y si hay materia para el recurso, se va a interponer", ha alertado y ha indicado que existe un plazo de dos meses para plantearlo.

En una comparecencia pública este miércoles, Císcar ha valorado que el nuevo decreto "abre la posibilidad" de que los alumnos de tres años no tengan clases de inglés, cuando el decreto de 2012 obligaba a una hora y media "cómo mínimo". Así, ha acusado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y a la vicepresidenta, Mónica Oltra, de perseverar "en su verdadero objetivo: la progresiva imposición del valenciano en la Educación".

"De lo que se trata es de la desaparición del castellano de la educación, de la administración, de los usos oficiales. Esto es lo que en su día se inició y ocurrió en Catalunya, que es el modelo con el que sueña Compromís para la Comunitat, y es el modelo con el que sueña una parte importante del PSPV, entre la que se encuentra Ximo Puig", ha opinado.

A juicio del PP, "hay elementos" que apuntan a la "más que posible" inconstitucionalidad. Para ello, José Ciscar ha argumentado que el decreto-ley "solo se puede utilizar para casos excepcionales" y ha mantenido que el Consell era conocedor de la suspensión del decreto desde mayo, de manera que "no se puede alegar urgencia" por el inicio del curso el próximo viernes.

Asimismo, ha agregado que no existe "extraordinaria necesidad" porque cuando se suspende el primer decreto "no se produce un vacío normativo" ya que "lo dice el TSJCV, está el decreto de 2012".

Finalmente, Císcar ha señalado que el decreto-ley no puede regular derechos fundamentales que deben ser regulados por leyes orgánicas. "Pretenden convalidar en las Corts este decreto-ley pasado mañana, en el primer pleno, y lo hacen incumpliendo el reglamento de las Corts que dice taxativamente que al inicio del período de sesiones, que comenzó el 1 de septiembre, el primer debate debe ser para Política General".

"Es que no hacen una a derechas, lo hacen todo al revés, y es que no se puede hacer peor", ha lamentado y ha indicado que una aprobación en esa primera sesión parlamentaria podría derivar en "algún tipo de impugnación y a la larga que invalidara la convalidación del decreto-ley".

"ATAJOS"

José Císcar ha planteado que el Estado de Derecho "no admite atajos, porque cuando se cogen atajos es para situarse al borde del precipicio", al intentar eludir la aplicación de la suspensión cautelar. En ese sentido, ha señalado a Ximo Puig y a Mónica Oltra como "únicos responsables del caos educativo que se puede generar en la Comunitat".

Asimismo, ha insistido en que el PP seguirá defendiendo "donde sea necesario" y "hasta donde sea" la libertad de las familias "a elegir la educación de sus hijos".

Por último, ha anunciado la presentación de mociones en los ayuntamientos para pedir a Ximo Puig el cese del conseller Vicent Marzà.