Los representantes de PSOE, Podemos, Ciudadanos y Grupo Mixto en la Comisión de Investigación sobre la Trama Eólica han pedido a la Junta de Castilla y León y a su presidente, Juan Vicente Herrera, celeridad en el envío de la documentación solicitada para poder analizarla y esclarecer lo ocurrido en torno a este caso y ha mostrado su deseo de que las comparecencias tengan lugar en el mes de febrero.

Tras la reunión de la Comisión celebrada este miércoles, que se ha prolongado por espacio de hora y media, los distintos grupos a excepción del PP han coincidido en resaltar la lentitud y las dificultades existentes a la hora de acceder a la información que se solicita y, por ello, han pedido al ejecutivo autonómico y a su presidente que faciliten la remisión de la documentación pertinente.

En este sentido, el socialista Javier Izquierdo se ha referido a la "connivencia" existente entre PP y Junta para que el proceso "vaya muy lento" y la Comisión no sea "capaz de investigar", punto en el que ha mostrado su "sorpresa" por el hecho de que el PP lamente que Agencia Tributaria y Fiscalía se negaran a remitir la información que se solicitó y no se comporte del mismo modo cuando es el Ejecutivo autonómico el que no lo hace.

Tras tildar de "incomprensible" el envío de solicitudes de licencias para la puesta en marcha de instalaciones eólicas sin precisar cuáles fueron concedidas y cuáles no y sin hacer mención a las transmisiones de titularidad, lo que puede ocurrir en cerca de 60 casos, Izquierdo ha lamentado que los 'populares' hayan optado por sumar su petición de documentación sobre el edificio de Arroyo y el parque de Portillo a la del resto de grupos y no realizarla ya para, a continuación, augurar que agotarán el plazo de dos meses para remitirla.

"Con un poco de suerte, al ritmo del PP, veremos las comparecencias para después del 23 de abril", ha criticado el procurador socialista, quien considera que las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) recogen información "suficiente" como para poder formular "preguntas muy concretas" tanto al exconsejero de Economía Tomás Villanueva como al actual portavoz del PP en las Cortes y exconsejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, a quien no se pedirá la presentación de la declaración de bienes e intereses.

Que comisiones alcancen a todos los poderes

En relación a la negativa de la Fiscalía y de la Agencia Tributaria al envío del informe considerado "piedra angular" del caso, Izquierdo ha apostado por presumir la veracidad del medio de comunicación que publicó los hechos y ha defendido, como Podemos, la posibilidad de llevar a cabo las modificaciones necesarias para que las comisiones de investigación alcancen a todos los poderes públicos.

En este mismo sentido el portavoz de Podemos en las Cortes, Pablo Fernández, ha apostado por que las Cortes realicen una declaración institucional o aprueben una PNL para cubrir el "vacío legal" que impide que a las comisiones de investigación lleguen documentos como los solicitados a Fiscalía o a la Agencia Tributaria y con el fin de que estas "tengan verdaderamente sentido".

Tras precisar que, en su opinión, no hay indicios de que Fernández Carriedo se enriqueciera de manera ilícita, razón por la que no ha apoyado la petición del PSOE de pedir su declaración de bienes e intereses —"se trata de esclarecer hechos y depurar responsabilidades políticas, no de sacar rédito político"—, Fernández ha coincidido también en criticar la actitud de la Junta, que "ralentiza y demora en exceso" el envío de información y en pedir a Herrera que facilite el proceso, a lo que ha sumado el hecho de tener que desplazarse a las nueve delegaciones territoriales para recabar documentación.

A su juicio, las comparecencias deberían de producirse "a la mayor brevedad" porque hay personas cuyos testimonios podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido, por lo que ha fijado la del 4 de febrero como fecha "crucial" para poder comenzar a pedir las comparecencias.

Desde Ciudadanos, José Ignacio Delgado ha criticado la "indolencia" y, frente a ello, ha reclamado "mayor poder específico" para que las comisiones de investigación "no sean un paripé" y, tras asegurar que recorrerán las delegaciones territoriales, ha reconocido que su "preocupación" pasa por el hecho de que los proyectos se remitieran inicialmente a esas instancias para, tiempo después, derivarlos a Valladolid, "donde se tramitaba todo mucho más rápido", aspecto que considera "sospechoso".

Luis Mariano Santos (UPL), ha considerado "desalentadora" la situación para augurar la falta de futuro de la Comisión ante la negativa de la Agencia Tributaria, de la Fiscalía y de la Junta para remitir la información reclamada. "Si siguiera así, nos plantearemos abandonarla porque queremos que se esclarezcan los hechos y si no va a ser posible por las dificultades que existen, para perder el tiempo no estamos aquí".

Primero documentación y luego comparecencias

Por parte del Grupo Popular ha intervenido, en primer lugar, el presidente de la Comisión, Juan José Sanz Vitorio, quien ha explicado que en la nueva sesión del 20 de enero se pedirá la documentación a las administraciones y que se espera que el 3 de febrero pueda haberse analizado ya para, a continuación, abordar la cuestión de las comparecencias.

"Parece sensato y razonable analizar primero la documentación y luego ver quién debe comparecer", ha defendido antes de recalcar que ese mismo argumento se extiende a la petición formulada por el PSOE sobre la figura de Fernández Carriedo.

En una intervención posterior, el también 'popular' Raúl de la Hoz ha pedido "rigor, prudencia y sensatez", ha recordado que se acordó llevar a cabo inicialmente el análisis de la documentación y de los expedientes y no solo de las resoluciones del Bocyl para, a continuación, convocar a las personas a comparecer, punto en el que ha calificado de "imprudente" solicitar su presencia "sin saber qué preguntar".

Adelantar tiempos es "imprudente", en su opinión, por lo que los 'populares' se desplazarán a las delegaciones territoriales para conocer los expedientes, especialmente los que presentan cambio de titularidad, y, a continuación, se tramitarán las solicitudes de comparecencia para cerrar el trabajo con la redacción de las conclusiones.

Las comparecencias "seguramente" podrán ser en febrero ya que no tiene que pasar más de una semana desde la petición hasta la aportación del testimonio, ha afirmado.