La Sección Primera de la Audiencia de Málaga ha decidido desestimar las solicitudes de suspensión del ingreso en prisión presentadas por condenados en el caso 'Malaya', contra la corrupción en la localidad malagueña de Marbella, y les advierte de que si no cumplen el plazo dado para entrar en la cárcel, que termina este próximo miércoles, se decretará su busca y captura.

Así lo señala en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se rechaza prorrogar el plazo para el ingreso en prisión solicitado por varios de los condenados, con penas superiores a los dos años de cárcel, basándose en distintos motivos, como familiares, profesionales, peticiones de indultos ya presentadas o por recursos antes el Tribunal Constitucional.

La Sala malagueña, la misma que juzgó el caso, dictó hace dos semanas un auto por el que se iniciaba la ejecución de la sentencia y en el que se daba a 26 condenados, entre ellos la exalcaldesa Marisol Yagüe, la exedil Isabel García Marcos, y otros 11 exconcejales, un plazo de 10 días hábiles para el ingreso voluntario en prisión, periodo que termina este próximo miércoles día 27.

Ahora este mismo Tribunal, considera que los acusados han tenido "tiempo más que suficiente" para solucionar sus asuntos previos al ingreso en prisión y señala, entre otros argumentos, que es el Constitucional el que debe, en su caso, suspender la ejecución de la sentencia y la consiguiente entrada en prisión cuando lo estime oportuno.

Entiende que tampoco procede la suspensión del resto de la pena, una vez abonada la preventiva por el periodo de tiempo que falte por cumplir, y apunta a que la libertad condicional se debe solicitar a través de los órganos penitenciarios. Se indica que es "indiferente" que el condenado tenga concedida la libertad condicional por otra causa y que la Sala de Malaya no es competente en este aspecto.

Asimismo, no se admiten las peticiones por razones humanitarias, de edad, salud o familiares alegadas por algunos condenados "sin perjuicio de que sean valorados por el servicio médico de prisión y pudieran incidir en su tratamiento penitenciario". Tampoco se admiten las peticiones que se basan en indultos, estando en su caso, a lo que pueda resolver el Consejo de Ministros.

Por esto, se desestiman las solicitudes de prórroga presentadas por condenados como García Marcos, Montserrat Corulla o Tomás Reñones; se mantiene el plazo de 10 días y se indica a los que no ingresen en prisión y no tengan dispensa de la Sala, que "se le pondrá de inmediato en situación de busca y captura y una vez sean habidos serán ingresados en prisión sin mayores dilaciones".

Fuentes del caso han indicado que uno de los 26 condenados, Salvador Gardoqui, que era contable de algunas de las empresas del cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y al que se le impusieron cuatro años de prisión por un delito de blanqueo de capitales y multa de 100 millones de euros —con arresto de dos meses en caso de impago—, ha ingresado ya en una cárcel madrileña.

En el auto de inicio de la ejecución de la sentencia, la Sala requirió a otros 18 condenados en esta causa, con penas de cárcel inferiores o igual a dos años, entre ellos el exalcalde Julián Muñoz, a que pagaran las multas impuestas y en su caso las responsabilidades civiles acordadas, tras lo que se decidiría sobre el ingreso o no en prisión.

En este sentido, algunos ya han consignado cantidades y la Sala verá caso por caso y las distintas circunstancias de cada condenado, como por ejemplo si tiene causas pendientes, según lo cual se podría conceder una sustitución de la pena de prisión por una multa. Asimismo, se estudiarán las peticiones de pagos aplazados, pero serán como mucho de 18 meses.