La jefa del Tribunal Supremo Brenda Hale ha anunciado, este martes por la mañana, que el cierre de Westminster fue "ilegal", ya que "tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del Parlamento para llevar a cabo sus funciones constitucionales sin justificación razonable". Una decisión que, por unanimidad de los 11 magistrados que componen el Alto Tribunal, ha tenido un "efecto" sobre la democracia británica "extremo". La Justicia entiende que el paro de cinco semanas ha frustrado el intento de los diputados de frenar un Brexit duro. Esto supone un duro revés para el Gobierno de Boris Johnson, quien se encuentra ahora en la Asamblea General de Naciones Unidas.