El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido que "las administraciones y los servicios públicos son para todos los ciudadanos, son de los ciudadanos y sólo cobrarán sentido si tienen como referencia al ciudadano", y aun más para quienes "más lo necesitan", porque la presencia del Estado se hace entonces "vital, clave, y ese bien social sólo puede calificarse de valiosísimo".